La Defensoría General de Argentina exige el fin de la prisión perpetua para los menores

  • Washington, 24 mar (EFE).- La Defensoría General de la Nación argentina reclamó hoy a su Gobierno una reforma del régimen penal para los menores que acabe con las penas de prisión perpetua, tema que se debate en el Congreso desde hace años sin lograr un consenso.

La Defensoría General de Argentina exige el fin de la prisión perpetua para los menores

La Defensoría General de Argentina exige el fin de la prisión perpetua para los menores

Washington, 24 mar (EFE).- La Defensoría General de la Nación argentina reclamó hoy a su Gobierno una reforma del régimen penal para los menores que acabe con las penas de prisión perpetua, tema que se debate en el Congreso desde hace años sin lograr un consenso.

La representante de la Defensoría, Estela Marín Martínez, se dirigió al Gobierno a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que celebra su 134 periodo de sesiones en Washington del 16 al 27 de marzo.

Según Marín, Argentina tiene una "terrible deuda" con los menores que data desde antes de la dictadura militar, y demuestra una "constante incapacidad" para hacerle frente de acuerdo con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos.

"El Estado quiere solucionar la situación, pero no puede", aseguró Marín.

"Desde que presentamos la primera demanda en 2002, los representantes del Estado siempre nos han dado la razón, pero nunca han cumplido las soluciones que han propuesto", agregó.

Entre esas soluciones se encontraban la conmutación de penas y la elaboración de una ley "de topes", proyectos que carecieron del "acompañamiento político necesario" para llegar a buen puerto.

Marín recordó que, en 2005, el Gobierno promulgó una "excelente ley" de protección integral de niños y adolescentes.

Sin embargo, no logró su cumplimiento, ya que "muchas provincias no la aplican", y otras incluso "dictaron leyes suspendiéndola".

"Todos los acercamientos informales de la Defensoría al Gobierno han terminado en la nada, por lo que nos hemos visto obligados a cesar la solución amistosa y buscar mediadores", explicó Marín, que señaló la necesidad de una "verdadera capacitación de las autoridades estatales" para traducir las propuestas en acciones.

El clima de inseguridad que se ha extendido en Argentina ha empeorado la situación ante la justicia de los menores, a los que "se culpa" del problema, hasta el punto en el que el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, ha propuesto bajar la edad mínima de responsabilidad penal de los 16 a los 14 años.

"Si esta es la única propuesta seria que plantean los políticos, no vamos por buen camino. Estamos olvidando que la prisión debe ser el último recurso", advirtió Marín.

Según la Defensoría, muchos de los menores institucionalizados lo están "por delitos de escasísima gravedad", y cuentan con menos garantías procesales que los adultos.

Además, las penas a los menores "se han endurecido" en los últimos años, y se les aplican medidas "mucho más represivas", que "restringen beneficios penitenciarios" como la posibilidad de libertad anticipada.

La representante del Estado de Argentina en la audiencia, Silvia Fernández, directora general de Derechos Humanos de la cancillería, aseguró que el Gobierno "toma nota" de las peticiones de la Defensoría, y se abstuvo de realizar más observaciones al respecto.

"Desde que se abrió el proceso de diálogo, el Gobierno ha llevado a cabo todos los esfuerzos posibles para restablecer la prueba, pero todo esto sigue inmerso en un profundo debate en el seno del Congreso Nacional y en la propia judicatura y, por tanto, no podemos pronunciarnos", apuntó Fernández.

"No es que no haya voluntad, es que no hay consenso", añadió la representante, que se comprometió a transmitir al Gobierno la propuesta de trasladar a los jóvenes que se encuentran en prisiones de máxima seguridad a otro tipo de centros, y señaló que confía en la efectividad de la mediación de la CIDH.