Londres quiere controlar todo intercambio en las redes sociales como Facebook para rastrear contactos terroristas

El Gobierno dice que no almacenará datos, pero defiende la necesidad de actuar ante el riesgo de las nuevas formas de comunicación LONDRES, 25 (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Eva Martínez Millán) El Gobierno británico pretende controlar todas las conversaciones que se produzcan en redes sociales de internet como Facebook, Bebo o MySpace, así como los contactos por Skype, con el objetivo de detectar posibles contactos terroristas y en la línea de la polémica supervisión de toda llamada o correo electrónico intercambiado en las islas. Este paso más en la estrategia antiterrorista ha motivado ya las alertas de los grupos que defienden el derecho a la privacidad, si bien un portavoz del Ministerio del Interior ya ha avanzado que este seguimiento en la red, que se concretará en las próximas semanas, no aspira a almacenar contenidos, pese a afectar a cualquier plataforma que permita chatear, tanto por escrito como con llamadas, con es el caso de Skype. El plan representa una actualización de los programas existentes para reunir en una base de datos central cada contacto telefónico, correo electrónico y página visitada en internet en todo el territorio. Una aspiración que ha suscitado ya un importante debate en Reino Unido, donde los propios reguladores públicos han alertado reiteradamente del 'Estado de vigilancia' al que se está conduciendo a la sociedad. Sin embargo, el Ministerio del Interior defendió las medidas en base a que "no hay forma de saber si Bin Laden está chateando con Abu Hamza", el clérigo radical detenido en las islas que tiene pendiente de resolución su extradición a Estados Unidos, o a que "los terroristas podrían estar teniendo una conversación a cuatro en Skype". CONTENIDOS No obstante, apuntó que la intención del Gobierno no se centra en los contenidos de los mensajes, sino "el quién, el cuándo y el dónde", si bien admitió que en determinados casos considerados de "perfil alto", los expertos antiterroristas podrían llegar a supervisar los mensajes si consideran que hay posibilidades de delito. Además, las nuevas propuestas podrían obligar a los proveedores de las redes sociales a mantener al menos durante un año la información acerca de los contactos de los usuarios, si bien las fórmulas están a la espera de concreción a partir de un documento de consulta sobre las posibilidades del plan que se publicará en breve. En este contexto, el secretario de Estado de Seguridad y de Lucha contra el Terrorismo, Vernon Coaker, ya había avanzado la pasada semana en una comisión parlamentaria que la supervisión de los contactos podría ampliarse a la "retención de datos en Facebook, Bebo, MySpace y otras web similares", pese a que la normativa europea en la materia sobre la que versaba su comparecencia no incluye estas redes sociales. Una situación advertida por Vernon, quien declaró que el Ministerio del Interior "está mirando qué se debe hacer en el programa de modernización, porque hay ciertos aspectos de comunicación que no están cubiertos por la directiva" comunitaria. Con todo, asumió que las propuestas generarán polémica en torno a los límites del derecho a la privacidad: "Reconozco que es un área extremadamente difícil". REVOLUCIÓN DE LAS COMUNICACIONES Por ello, el departamento de Interior ha emitido un comunicado para aclarar que el Gobierno "no tiene ningún interés en el contenido de las redes sociales de la gente" y aseguró que "no habrá bases de datos con el contenido de los correos, los mensajes de texto o las conversaciones en redes sociales". "Tenemos clara la rapidez de la revolución de las comunicaciones, por lo que la manera en que se recogen los datos tiene que cambiar para que las agencias de seguridad puedan mantener la capacidad para hacer frente al terrorismo y reunir pruebas", aseveró. La noticia ha generado una importante contestación en diversas plataformas ciudadanas, que recordaron que hace tan sólo dos días un informe reveló que un cuarto de los grandes proyectos de almacenamiento de datos elaborados por el Gobierno británico atenta contra la legislación europea que protege la privacidad y la propia normativa de defensa de los Derechos Humanos.