Lo ha aprobado el Govern en el Consell Executiu de este martes, después de que el tribunal le haya trasladado la demanda al admitir a trámite el recurso del Estado, lo que propició la suspensión cautelar y automática de tres preceptos de esta ley mientras no se pronuncia sobre el fondo del asunto.
El texto regula los contratos de compraventa y permuta, el de cesión solar y el de aprovechamiento urbanístico a cambio de construcción futura y de cultivo, así como los contratos de custodia del territorio, el de integración ganadera, el de alimentos y el de la pensión vitalicia, entre otros.
El Gobierno central recurrió estos preceptos al considerar que desoían la doctrina del Constitucional y regulaban "de forma innovadora" los contratos de compraventa, las cesiones de fincas o de aprovechamiento urbanístico y el contrato de permuta.
Según su recurso, estas materias están entre las competencias exclusivas del Estado, y aludían al artículo 149 de la Constitución para defender su postura.
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