La CIJ ha declarado que el Supremo venezolano ha socavado los Derechos Humanos y ha infringido la Constitución mediante una serie de fallos aprobados desde diciembre de 2015. La CIJ ha denunciado que, en dos resoluciones de marzo de 2017, el alto tribunal "se atribuyó efectivamente facultades legislativas, despojando a la Asamblea Nacional de sus facultades constitucionales y garantizándole al ejecutivo facultades amplias y arbitrarias".
"Esas decisiones equivalen a un golpe de Estado contra el orden constitucional y le han abierto la puerta a un nuevo imperio de régimen arbitrario", ha afirmado el secretario general de la CIJ, Sam Zarifi, en un comunicado.
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