Así lo ha explicado en rueda de prensa, posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María Jesús Sánchez Rubio, quien ha destacado que dicho texto se adapta a la reciente doctrina del Tribunal Constitucional, que tumbó la ley catalana de consultas. Para ello, la Junta ha modificado el anteproyecto de esta normativa, aprobado durante el gobierno PSOE-IU en la pasada legislatura.
La participación ciudadana regulada en el proyecto se ejercerá directamente o a través de entidades. Las administraciones públicas integrarán en sus actuaciones estos procesos, que podrán ser de deliberación; de elaboración de presupuestos; de proposición de políticas públicas y elaboración de normas; de evaluación, y consultas populares.
Todos ellos se vincularán a asuntos relacionados con la proposición, adopción y seguimiento de políticas de singular relevancia; elaboración de instrumentos de planificación, leyes y reglamentos; priorización del gasto, y prestación de servicios, según ha apuntado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales.
((HABRÁ AMPLIACIÓN))
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