El jefe del Gran Polo Patriótico (GPP), Héctor Rodríguez, ha indicado que la marcha comenzará a las 10.00 (hora local) en la sede de la Defensoría del Pueblo rumbo a la Asamblea Nacional con el objetivo de "defender la Constitución".
Rodríguez ha insistido en que el Congreso "no está calificado" para tomar decisiones porque desde el pasado agosto está en "desacato" por la negativa de la coalición opositora a cesar a los tres diputados indígenas cuya elección está siendo investigada.
"La MUD parlamentaria raya lo irracional e ilegal", ha dicho. "No tienen la potestad de destituir magistrados (...) Lo que han planteado no es más que un intento de golpe de Estado parlamentario", ha sostenido en una rueda de prensa, según informa 'El Nacional'.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el opositor Freddy Guevara, había anunciado previamente que este jueves la MUD marchará a las 10.00 por la autopista Francisco Fajardo, a la altura del barrio caraqueño de Altamira.
"Llamamos a la calle al pueblo de Venezuela este jueves a respaldar la destitución de los magistrados del TSJ", ha dicho, indicando que la lucha pacífica consiste en "ser como la gota que cae en la piedra hasta que la quiebra".
La Asamblea Nacional ha aprobado este miércoles, con los únicos votos de la MUD, ya que los diputados 'chavistas' se han ausentado, una declaración en la que afirman que en Venezuela se ha producido "una ruptura del orden constitucional" que atribuyen al TSJ por su constante injerencia en el Poder Legislativo a favor del Gobierno
A continuación, han dado el visto bueno al segundo punto del día: la activación del proceso para destituir a los magistrados del alto tribunal. El diputado ponente, Juan Miguel Matheus, ha explicado que hay dos vías posibles, una es "el camino penal", que se inició el pasado viernes con una denuncia ante la Fiscalía, y otra mediante una votación parlamentaria.
CRISIS INSTITUCIONAL
El TSJ ratificó la semana pasada que la Asamblea Nacional estaba en "desacato", advirtió a los diputados de que, en consecuencia, cualquier acto que realizarán estaba exento de la protección que concede la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias de la sede legislativa hasta nuevo aviso.
El Parlamento denunció un "golpe de Estado" por parte del Gobierno de Nicolás Maduro e incluso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, --una fiel 'chavista'-- advirtió de que dicho fallos suponen una "ruptura del orden constitucional". En la misma línea, los países regionales y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación por lo que consideraron una vulneración de los principios democráticos.
En un principio, el Gobierno se limitó a emitir un comunicado en el que denunció una "arremetida" de "la derecha intolerante y pro imperialista dirigida" por Estados Unidos para "atentar contra el Estado de Derecho" a través de "falsedades e ignominias", pero finalmente convocó al Consejo de Defensa Nacional, que ordenó al TSJ dar marcha atrás.
El TSJ ha cumplido las órdenes del Palacio de Miraflores y ha emitido dos "aclaraciones" que devuelven sus poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados, con lo que Maduro ha dado por superado este "impasse en los poderes públicos". Sin embargo, para los críticos esta sucesión de hechos confirma que el Gobierno controla las demás instituciones venezolanas.
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