Oposición venezolana aprobará ley de referendo revocatorio, tras revés de amnistía

El parlamento venezolano discutía este martes una ley para facilitar un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, en medio de críticas de la mayoría opositora al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el lunes echó por tierra la ley de amnistía aprobada el pasado 29 de marzo.

Maduro "le está dando instrucciones al TSJ para que actúe al margen de la Constitución", denunció la diputada Delsa Solórzano, ponente de la norma con la cual la oposición buscaba sacar de la cárcel a por lo menos 76 de sus dirigentes, y que cesaran los procesos contra cientos de "perseguidos políticos".

Desde la tribuna del hemiciclo, Solórzano cuestionó que mientras el presidente critica la amnistía aduciendo que dejaría impunes violaciones de derechos humanos, recibe en el palacio presidencial de Miraflores a guerrilleros colombianos del ELN acusados de terrorismo, como parte de gestiones de paz.

"Es increíble que el gobierno pretenda con un puñito de magistrados, que no ha sido elegido popularmente, negar la soberanía del pueblo", dijo el jefe del bloque opositor, Julio Borges, reiterando que el TSJ es un apéndice del gobierno.

La Sala Constitucional del TSJ declaró el lunes ilegal la normativa, alegando que viola la Carta Magna al incluir "delitos de delincuencia organizada que no guardan relación con delitos políticos", además de casos de corrupción administrativa.

La corte -que sometió la ley a un control de constitucionalidad por pedido de Maduro- también sostuvo que ésta desconocía los derechos de las víctimas.

La ley de referendos busca facilitar un revocatorio contra el mandatario socialista, que el próximo domingo cumplirá la mitad de sus seis años de mandato y al que la oposición busca sacar del poder, además, mediante una enmienda constitucional que reduzca su período a cuatro años, junto con movilizaciones que exijan su renuncia.

El proyecto será aprobado entre este martes y el miércoles, según Borges. El objetivo es que "tengamos el revocatorio este año", afirmó.

Pese a las críticas al TSJ, los asambleístas no plantearon nuevas vías para conseguir la excarcelación de sus líderes, entre ellos el radical Leopoldo López condenado a 14 años de prisión, aunque reiteraron que seguirán legislando para hacer valer la "voluntad popular".

Simultáneamente, Maduro instaló este martes una "comisión por la verdad, la justicia y la reparación", como contrapartida de la amnistía, en un acto al que asistió el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper.

Con el acompañamiento del bloque regional, esa comisión investigará hechos ocurridos desde 1999, con los que según Maduro la oposición pretendió derrocarlo a él y a su antecesor Hugo Chávez (1999-2002).

"Retomo la propuesta original de nuestro comandante Chávez de impulsar un gran diálogo nacional para establecer la verdad, para hacer justicia, reparar a las víctimas y buscar la paz a través del perdón con justicia", dijo Maduro durante el acto en Miraflores.

Por su parte, Samper confió en que la iniciativa abra "un camino cierto de diálogo" entre el gobierno y la oposición. "Este problema es de los venezolanos y la solución tiene que venir de los venezolanos", sostuvo.

Sin ser aprobada, la ley de referendos ya enfrenta un desafío legal, luego de que una semana atrás el Consejo Nacional Electoral (CNE) señalara a la Asamblea que ese organismo tiene la iniciativa legislativa en cuestiones electorales.

La oposición rechazó la notificación, que abrió la posibilidad de que la ley pueda ser demandada ante la Sala Constitucional, que en los últimos meses emitió varios fallos polémicos que eliminaron las facultades de control del Congreso sobre los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, y frente a los militares.

"No es de extrañar que luego de aprobada (...), el conflicto sea elevado a la Sala Constitucional, que tendrá que decidir si la Asamblea podía aprobar la ley sin la iniciativa del CNE", indicó el constitucionalista José Ignacio Hernández.