Los grupos parlamentarios de Podemos, Ciudadanos y PP han registrado este martes en la Cámara una proposición de ley para suprimir el párrafo de la Ley de Realojos en el que el Gobierno central tiene dudas sobre su constitucionalidad, con el fin de "blindar" la norma, aprobada el pasado mes de octubre, y evitar una eventual suspensión de la misma si el Estado decide recurrirla al Constitucional.
Los portavoces de los tres grupos, que han comparecido en rueda de prensa junto a vecinos de barrios santanderinos como El Pilón o Prado San Roque, han coincidido en señalar que "no confían" en la defensa que el Gobierno de Cantabria pueda hacer de esta ley -en la que PRC y PSOE se abstuvieron- en la comisión bilateral convocada para intentar solventar esas dudas de constitucionalidad, que se reunirá el próximo 29 de marzo.
José Manuel Igual (PP), Verónica Ordóñez (Podemos) y Juan Ramón Carrancio (Cs) han explicado que el párrafo 'dudoso' es "accesorio, superfluo y de ornato", un "mero apéndice en una disposición adicional" cuya supresión "no tiene ninguna trascendencia ni efecto" para los vecinos, por lo que han preferido "poner el parche antes de la herida" y proponer su eliminación para "no poner en riesgo bajo ningún concepto" los derechos de realojo y retorno en viviendas y locales.
El párrafo en cuestión se refiere al derecho de adquisición preferente por parte de la constructora o la administración, y aunque Cs, Podemos y el PP consideran que está "bien redactado y es constitucional", entienden que eliminando ese apartado, la ley sigue cumpliendo su objetivo de impedir que se pueda "arrebatar" a los vecinos su vivienda o su bajo comercial "a cambio de cuatro monedas", ha dicho Carrancio (Cs).
Verónica Ordóñez (Podemos) ha destacado que se trata de una ley "extraordinaria" por su contenido -es "la primera" norma autonómica que protege los derechos constitucionales de la vivienda y el trabajo al incluir también el realojo de locales-, y por las formas, porque se ha conseguido gracias a las aportaciones de los afectados, cuyas comparecencias en el Parlamento han permitido "acercar posturas" a tres partidos ideológicamente distantes hasta llegar a un consenso.
Ha insistido en que no confían en el Gobierno de Cantabria, después de que los grupos que le sustentan se hayan "negado" a participar en la ley y hayan hecho reiteradas "advertencias" sobre su legalidad que "no se han cumplido".
Igual (PP) ha añadido que es una ley "audaz" que resuelve un "vacío legal muy importante y un problema que había en Santander y en toda Cantabria". Una ley en la que, curiosamente, las cuestiones en las que ha habido que "surfear" la normativa estatal no se han puesto en duda, y solo se ha cuestionado un párrafo que "no tiene absolutamente ninguna virtualidad".
Igual ha insistido en que "no nos fiamos" del Gobierno de Cantabria, si bien ha señalado que los letrados que defenderán la ley en la reunión del día 29 están "convencidos de que es plenamente constitucional". No obstante, ha insistido en que con la propuesta de modificación registrada hoy, la ley llegará a esa reunión del 29 de marzo con un "doble seguro".
"PUÑALADA TRAPERA" DE PSOE Y PRC
La portavoz de la Plataforma el Pilón del Alta, Belén Ceballos, ha denunciado que el anteproyecto de la nueva Ley del Suelo no recoge la regulación del derecho al realojo aprobada por el Parlamento en octubre, lo que considera una actitud "indigna" de PSOE y PRC, una "puñalada trapera" y una "burla", y les ha pedido que "reflexionen" y expliquen si están "al servicio de los cántabros o de algún otro tipo de intereses".
En la misma línea, José Luis Hedreño, de la plataforma Prado San Roque, ha señalado que al no recoger el derecho de realojo, que garantiza la sustitución de vivienda por vivienda sin ninguna carga adicional, el anteproyecto de la Ley del Suelo "vuelve a hablar de un justiprecio que no es justiprecio ni es nada, y que permite que te echen de tu casa por dos euros".
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