"La Sala Constitucional ha declarado la nulidad por inconstitucionalidad del acto aprobado por la Asamblea Nacional en fecha 21 de marzo de 2017, denominado 'Acuerdo sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA'", ha informado el TSJ.
El Supremo ha ordenado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que "ejerza las acciones que estime pertinentes para salvaguardar el orden constitucional" y "tomar las medidas que considere necesarias para evitar un estado de conmoción".
"En el marco del estado de excepción vigente, y ante el desacato y la omisión de la Asamblea Nacional, igualmente se ordena revisar diversas leyes que permitan conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y aseguren la gobernabilidad del país", ha instado.
En concreto, ha encargado a Maduro "que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República y que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual secretario general de la OEA".
El TSJ ha aprovechado para recordar que "la inmunidad parlamentaria sólo ampara los actos desplegados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional, y, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales flagrantes".
De esta forma, el alto tribunal ha sugerido la posibilidad de que las autoridades venezolanas emprendan acciones legales contra los diputados que votaron dicho acuerdo parlamentario, todos pertenecientes a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), coalición opositora.
La Asamblea Nacional está en manos opositoras desde las elecciones del 6 de diciembre de 2015, que por primera vez dejaron al 'chavismo' en minoría. Desde entonces el Gobierno ha vetado todos los actos parlamentarios y el TSJ ha declarado en "desacato" al Congreso.
OFENSIVA EN LA OEA
El fallo del TSJ llega justo cuando el Consejo Permanente de la OEA discute el informe presentado el pasado 14 de marzo por Almagro, en el que asegura que se ha producido "una ruptura total del orden democrático" y que, por tanto, Venezuela debe ser sancionado con la suspensión como miembro de la OEA.
El líder regional comparó incluso al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con dictadores latinoamericanos como Jorge Videla, Augusto Pinochet y Alberto Fujimori. "Es nuestro trabajo librar a cualquiera de nuestras naciones de esos infortunios", dijo.
No obstante, el ex canciller uruguayo se mostró seguro de que la suspensión de la membresía venezolana de la OEA será breve y para ello instó al Palacio de Miraflores a dar "una señal inequívoca de que se retoma el rumbo institucional" en el país.
En concreto, pidió "que se realice en los próximos 30 días un llamado a elecciones generales, la liberación de los presos políticos, la validación de las leyes que han sido anuladas, así como la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral y un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución".
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