El profesor de Derecho Constitucional Roberto Blanco ha calificado este miércoles de "aventurada e imprudente" la decisión del Ejecutivo de no aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña para frenar la deriva soberanista porque podría verse en la tesitura de tener que recurrir a este instrumento dependiendo del grado de desobediencia de la Generalitat de Cataluña en el asunto.
El catedrático ha explicado en declaraciones a Europa Press que "tiene una cierta lógica" que el Ejecutivo no desvele si aplicaría esta norma que permite al Estado asumir determinadas competencias de un gobierno autonómico, dado que se está ante una situación en la que las partes implicadas "no quieren descubrir sus cartas".
No obstante no rechaza que tenga que recurrir a este instrumento "dependiendo del grado de contumacia en la desobediencia de la Generalitat", la cual, ha dicho, es "plenamente consciente" de que lo que está haciendo es ilegal. La aplicación del 155, previa autorización por mayoría absoluta del Senado, posibilitaría al Ejecutivo tomar el control de los Mossos d'Esquadra en caso de que la Generalitat avance en el plan secesionista.
"El Gobierno no dispone de ningún instrumento para rescatar la competencia y transferirla de la Generalitat al Ministerio del Interior que no sea el 155 y por tanto es muy aventurado y bastante imprudente manifestar que no va a aplicarlo", ha dicho el experto en Derecho Constitucional en respuesta al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que en entrevista a Europa Press descartó recurrir a esta vía al considerar que no era la solución al problema.
ESCALADA DE DESOBEDIENCIA
Según ha indicado Blanco, hasta ahora el Gobierno de Carles Puigdemont ha buscado una fórmula de "burlar" las prohibiciones impuestas por el Tribunal Constitucional a las leyes aprobadas por este ejecutivo y con las que se buscaba impulsar la deriva soberanista. Pese a ello puede llegar un momento en el que "el juego de recursos" del máximo intérprete de la Carta Magna "ya no sirva" si se continúa en la senda de incumplir las resoluciones.
La última vez que se pronunció el Constitucional sobre esta cuestión fue el pasado 31 de julio al admitir a trámite por unanimidad el recurso presentado por el Gobierno contra la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña que busca aprobar por la vía urgente las leyes de ruptura con España. La admisión conllevó la suspensión inmediata por cinco meses de la reforma exprés y el posterior recurso por parte de Cataluña sobre el que se pronunciará este miércoles el Pleno del TC.
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