Las Cortes acuerdan cómo participarán en la elaboración de la legislación comunitaria con el Tratado de Lisboa en vigor

MADRID, 24 (EUROPA PRESS) Las Cortes acordaron hoy el modo en que ejercerán el llamado sistema de alerta temprana que prevé el Tratado de Lisboa, por el que los parlamentos nacionales podrán cuestionar una decisión de la Comisión Europea si consideran que ha invadido sus competencias. El Tratado de Lisboa, pendiente aún de completar su ratificación, refuerza el papel de los parlamentos nacionales en la elaboración de la legislación comunitaria, aunque no tendrán poder para sacar la 'tarjeta roja' a una propuesta de la Comisión sino sólo una 'tarjeta naranja'. Es decir, no podrán vetar, pero si el Ejecutivo comunitario quiere seguir adelante con una iniciativa legislativa que sea rechazada por una mayoría de los parlamentos nacionales, deberá justificarlo mediante un dictamen motivado que tendrá que enviar a la Comisión y el Consejo, que en última instancia podrán tumbar la propuesta. La Comisión Mixta para la UE aprobó hoy por asentimiento el texto elaborado por la ponencia de estudio creada para adaptar la ley 8/1994 de 19 de mayo, que regula el funcionamiento de la citada Comisión, con el fin de adecuarla a las nuevas funciones que el Tratado de Lisboa, pendiente de completar su ratificación en algunos Estados miembros, no así España, prevé para los parlamentos nacionales de la UE. Como la Comisión Mixta para la UE no es legislativa, lo que hará ahora será presentar a los portavoces de todos los grupos parlamentarios una proposición de ley para que se apruebe en el Pleno del Congreso en lectura única con el fin de proceder a la modificación de la ley, precisaron a Europa Press fuentes parlamentarias. Según el texto acordado hoy, una vez que el Tratado de Lisboa entre en vigor la Comisión Mixta para la UE tendrá entre sus nuevas competencias la de "recibir de la Comisión Europea y de otras instituciones de la Unión las propuestas de actos legislativos y otros documentos, para su información, examen y seguimiento". El Gobierno, además, deberá remitir a las Cámaras "un sucinto informe" sobre el contenido sustancial de aquellas propuestas legislativas que tengan repercusión en España. Con el Tratado en vigor, la Comisión podrá emitir en nombre de las Cortes un dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad así como solicitar al Gobierno que interponga un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la UE por infracción de dicho principio en el plazo máximo de seis semanas desde la publicación oficial de un acto legislativo europeo En este último caso, el Gobierno podrá descartar, de forma motivada, la interposición del recurso de anulación solicitado por alguna de las Cámaras o por la Comisión Mixta para la UE. No obstante, deberá justificar esa decisión con la comparecencia de algún miembro del Gobierno ante la mencionada Comisión, si ésta así lo solicita. Según la redacción acordada hoy, el Congreso de los Diputados y el Senado deberán, "tan pronto reciban una iniciativa legislativa de la UE", remitirla a los parlamentos de las Comunidades Autónomas, que, en su caso, podrían remitir un dictamen motivado a las Cortes Generales sobre la aplicación del principio de subsidiariedad.