En una encendida sesión que contó con la presencia de familiares de los políticos presos, un grupo de diputados presentó el proyecto formalmente al plenario de la Asamblea Nacional, que lo someterá a votación en las próximas semanas.
"Después de 17 años de odio y división, debemos unirnos para salir de esta crisis. El clamor que tenemos los venezolanos es de unión, paz y reconciliación nacional, por ello es tan necesaria la aprobación de la amnistía", expresó la legisladora opositora Delsa Solórzano, desde la tribuna del hemiciclo.
La ley, a la que el gobierno de Nicolás Maduro y el oficialismo se oponen rotundamente, es una de las prioridades del Congreso, dominado por la oposición tras 17 años de hegemonía chavista.
Esta busca amnistiar a unos 75 presos y a personas que se han exiliado por su oposición al chavismo.
"No la apoyamos porque es una ley que pretende generar impunidad, mediante la cual los victimarios buscan perdonarse a sí mismos", afirmó el jefe de la minoritaria bancada oficialista, Héctor Rodríguez.
Al presentar su informe de gestión ante el nuevo parlamento el 15 de enero, Maduro expresó su rechazo a la ley, aduciendo que dejaría en la impunidad las 43 muertes ocurridas en las protestas de 2014 que buscaban sacarlo del poder, y por lo cual se apresó entonces al opositor Leopoldo López, acusado de incitar a la violencia.
Maduro, cuyo gobierno niega que los detenidos sean presos políticos y los califica como "asesinos" y "golpistas", propuso una comisión para resolver la situación de los detenidos, siguiendo modelos como el que se aplicará en el proceso de paz con las guerrillas colombianas o el del apartheid en Sudáfrica.
"Amnistía + reconciliación = paz", se leía en un letrero que llevó al palco de invitados Lilian Tintori, esposa de López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión, junto a familiares del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y seguidores del excandidato presidencial Manuel Rosales, también presos.
A la sesión también acudieron partidarios de Maduro y familiares de fallecidos en las protestas que rechazan la amnistía, con pancartas y fotos de las víctimas.
Tintori y otros parientes de políticos presos entregaron el 11 de enero el proyecto, elaborado por organizaciones no gubernamentales (ONG) y juristas, para que lo acogieran los diputados y le dieran trámite.
"Hoy comienza la cuenta regresiva para la reconciliación y la paz. Esta ley se trabajó por mucho tiempo, los mejores abogados participaron", afirmó Tintori, vestida con camiseta blanca, a la prensa en el Palacio Legislativo.
Pero a la ley, según el experto constitucionalista José Ignacio Hernández, le espera una ruta plagada de obstáculos, pues, una vez que sea aprobada en segundo debate, el Parlamento deberá someterla a promulgación del presidente, quien tendrá diez días para hacerlo aunque ya anticipó que la vetará.
Estallará entonces un nuevo choque entre Ejecutivo y Legislativo que deberá finalmente dirimir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -concretamente la Sala Constitucional-, al que la oposición acusa de estar al servicio del chavismo.
"Lo más probable es que el presidente lo remitirá a la Sala Constitucional, quien va a opinar que es inconstitucional, y se va a generar un conflicto institucional, pues la Asamblea insistirá en publicar la ley por sus propios medios", declaró Hernández a la AFP.
El presidente del parlamento, Henry Ramos Allup, reconoció que el debate y posterior aprobación de la ley generará otro forcejeo con el TSJ.
"Nosotros no solo tenemos la razón jurídica y política, sino, sobretodo, la razón moral", declaró Ramos Allup.
Un primer capítulo del conflicto de poderes ocurrió apenas instalado el parlamento el 5 de enero, cuando el TSJ obligó a la bancada opositora a separar a tres de sus diputados cuya elección fue impugnada por el oficialismo.
"El verdadero problema de fondo no es la amnistía sino la situación del Poder Judicial en Venezuela", concluyó Hernández.
Mientras avanzaba el debate, miles de chavistas marchaban hacia el palacio presidencial de Miraflores para conmemorar el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992.
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