La imputación del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, por cuatros delitos relacionados con la consulta soberanista del 9-N se añade a una larga lista de procesos judiciales en los que se han visto implicados presidentes autónomicos. En algunos casos, se vieron obligados a dejar el cargo, en otros incluso han pasado por la cárcel y en otros finalmente, pese a sentarse en el banquillo, no han sido condenados.
En muchos casos la batalla política y las luchas internas en los partidos se ha trasladado a los tribunales, pero la corrupción protagoniza la mayoría de los casos.
Demetrio Madrid, presidente de la Junta de Castilla y León entre 1983 y 1986 (PSOE)
Fue imputado por una querella presentada por trabajadoras de la empresa textil de la que era propietario. Tras la imputación dimitió y en 1990 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le absolvió.
Gabriel Cañellas, presidente de Baleares desde 1983 a 1995 (AP-CP-PP)
Gabriel Cañellas dimitió en 1995, pocos días después de jurar de nuevo su cargo, por el caso Calvià. Fue imputado de cohecho y prevaricación por el supuesto cobro de comisiones en la concesión de infraestructura pública, y del Túnel de Sóller. En 1997 fue absuelto.
Juan Hormaechea, presidente de Cantabria entre 1987 y 1990 (AP-UPCA)
El Ministerio de Justicia concedió en 2011 el indulto al ex presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, respecto a una pena de tres años de prisión a la que fue condenado por malversación de caudales públicos y que fue ratificada en 2004 por el Tribunal Supremo.
Aunque Hormaechea había sido indultado ya en 1995 por el Gobierno, tras haber sido condenado un año antes por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a seis años de cárcel, dicho indulto quedó anulado después de repetirse el juicio contra el ex político y ser
ratificada su condena por el Supremo.
Hormaechea fue condenado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en sentencia de 10 de diciembre de 2002, como autor de un delito de malversación de caudales públicos a la pena de tres años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de seis años. También fue sentenciado por un delito de prevaricación a la pena de inhabilitación especial para empleos o cargos públicos por tiempo de siete años, por hechos cometidos en los años 1988-1989.
José Marco, presidente de Aragón entre 1993 y 1995 (PSOE)
El expresidente del Gobierno de Aragón José Marco y su hermano Jesús fueron condenados en 2013 a dos años de prisión cada uno, como autores de dos delitos contra la Hacienda Pública cometidos en 2004 y 2005. Por cada uno de los delitos les han sido impuestos a cada uno un año de prisión.
Según informaba el Heraldo de Aragón, por el delito cometido en el ejercicio 2004, José Marco fue condenado a un año de prisión –con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo e inhabilitación para el ejercicio de cargo de administrador, apoderado y representante legal- y a una multa de 400.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de cuatro meses de privación de libertad en caso de impago.
Se le inhabilitaba para obtener subvenciones, ayudas públicas, beneficios e incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de tres años.
Por el delito cometido en 2005, el expresidente de Aragón fue condenado a otro año de prisión, con idénticas inhabilitaciones que las impuestas para el delito de 2004, y a una multa de 200.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de dos meses de privación de libertad en caso de impago.
Gabriel Urralburu, presidente de Navarra entre 1984 y 1991 (PSN-PSOE)
El socialista Gabriel Urralburu fue encarcelado en 1995 por haber cobrado comisiones ilegales en obras públicas durante su mandato, el llamado caso Otano. Fue el primer presidente regional encarcelado, salió en libertad provisional en 1998, y fue condenado a 11 años de prisión por el mismo delito y otros dos contra la Hacienda Foral y al pago de una multa de 4,69 millones de euros. En 2001, el Supremo redujo su condena a cuatro años, pero mantuvo los 9 años inhabilitación y la multa.
Javier Otano, presidente de Navarra entre 1995 y 1996 (PSN-PSOE)
En junio de 1996, Javier Otano Cid dimitía como presidente del Gobierno navarro, parlmamentario foral, secretario general del Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) y militante socialista.
El País informaba que la renuncia se producía horas después de conocerse que la juez Marisol Alejandre había descubierto una cuenta bancaria en Suiza a nombre de Otano que podría estar relacionada con la trama navarra del caso Roldán, que llevó a prisión al también ex presidente socialista Gabriel Urralburu y a su ex consejero de Obras Públicas Antonio Aragón. Otano ha admitido que aportó su firma a esa cuenta, y reveló que en ella había dinero reservado para una necesidad del partido.
Carlos Collado, presidente de Murcia entre 1984 y 1993 (PSOE)
El socialista Carlos Collado dimitió como presidente de Murcia el 16 de abril de 1993 a causa del denominado "Escándalo de Casa Grande". Enfrentado con su propio partido, sus compañeros le acusaban de presunta prevaricación y malversación de fondos en la compra de los terrenos de Casa Grande para su cesión a la multinacional General Electric. Finalmente fue absuelto por el Tribunal de Cuentas en 1997 y nadie pudo demostrar su culpabilidad. Sus compañeros de partido le pidieron disculpas públicamente en 2006.
Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003 (CiU)
En mayo de 1984 Jordi Pujol fue incluido en la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra los exdirectivos de la entidad Banca Catalana. Jordi Pujol fue llamado a declarar en octubre de 1984 por el caso y el juez Ignacio de Lecea (instructor), los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena y los abogados de Pujol, Joan Pique Vidal y Joan Córdoba se desplazaron a la Casa dels Canonges, residencia oficial, donde el president declaró durante una hora y cuarenta y cinco minutos.
El 25 de julio de 2014, Jordi Pujol reconoció haber ocultado a la Hacienda Pública durante 34 años dinero depositado en el extranjero procedente de su padre Florenci Pujol. El ex president lamentaba en un comunicado no haber encontrado nunca el momento para regularizar esas cantidades y pedía perdón. El dinero rondaría, según informaron diversos medios, los cuatro millones, que estarían depositados en Andorra, que se habrían beneficiado de la amnistía fiscal de 2012.
El 28 de julio el sindicato Manos Limpias denunció a Jordi Pujol y a su esposa ante los juzgados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo, prevaricación, malversación y falsedad.
Juan José Ibarretxe, lehendakari del Gobierno vasco entre 1999 y 2009 (PNV)
En enero de 2007 fue llamado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para declarar sobre su reunión en abril de 2006 con dirigentes de la ilegalizada Batasuna. El juez Roberto Sáiz admitió la ampliación de la querella solicitada por el Foro Ermua tras conocer que Ibarretxe había mantenido el 22 de enero de 2007 otro encuentro con representantes de Batasuna. El lehendakari admitió que se había reunido con la "sensibilidad" que representa la izquierda abertzale y que se iba a seguir reuniendo con Batasuna con el objetivo de "lograr la paz" en el País Vasco.
La causa fue finalmente archivada el 11 de enero de 2009, aplicando la 'doctrina Botín', al no existir acusación ni por parte del Ministerio Fiscal ni por ninguna acusación particular. El archivo definitivo tuvo lugar un año después por el Tribunal Supremo.
Patxi López, lehendakari del Gobierno vasco entre 1999 y 2009 (PSE-PSOE)
En 2010, el Tribunal Supremo decidió por unanimidad archivar definitivamente la causa contra Patxi López y su antecesor, Juan José Ibarretxe, por reunirse con ex dirigentes de la ilegalizada Batasuna durante el alto el fuego de ETA en 2006. El Alto Tribunal entiendía que los hechos no constituían delito.
Era el segundo y definitivo archivo del caso. Un año antes, tras la apertura de la vista oral, quien adoptó la misma medida, pero con argumentos diferentes, fue el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Jaume Matas, presidente del Gobierno balear entre 2003 y 2007 (PP)
El expresidente de Baleares y exministro del Gobierno de José María Aznar salió de la cárcel de Segovia el 20 de abril de 2015, poco antes de cumplir los nueve meses a los que fue condenado. El Tribunal Supremo diluyó la primera sentencia de la Audiencia de Palma, de seis años de cárcel y le mantuvo el delito de tráfico de influencias, por el que ha penado.
Según informó El País, Matas había entrado en prisión por una primera pieza, de la decena que le atañen aún en el caso Palma Arena, por pagos ilegales al redactor de sus discursos.
El Gobierno de Mariano Rajoy rechazó conceder el indulto a Matas y la Audiencia de Palma —"para no generar espacios de impunidad"— refutó las peticiones de Matas para suspender la condena. La sala ordenó su ingreso en prisión, al negarle la posibilidad de permutar de la pena por trabajos para la sociedad y, anteriormente, mediante el pago de una compensación económica.
Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana entre 2003 y 2011 (PP)
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) citó a declarar en mayo como imputado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al secretario general de los populares valencianos (PPCV), Ricardo Costa, por su presunta vinculación con la trama de corrupción encabezada por el empresario Francisco Correa. Según informaba el diario Abc, el TSJCV acordó la apertura de diligencias previas por un posible delito de cohecho, para determinar la naturaleza de los hechos y la posible participación en los mismos de los dos aforados valencianos.
Tras la primera declaración, el TSJCV decidió mantener las imputaciones contra Camps, y tres meses después el propio TSJCV archivaría la causa, acordando su sobreseimiento libre,
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, presidentes de la Junta de Andalucía (PSOE)
El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro decidió el pasado 25 de junio continuar el procedimiento abierto contra los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves al estimar que existen indicios de que pudieron incurrir en un delito de prevaricación administrativa.
El juez abrió una doble vía, instando por un lado el suplicatorio de Chaves y de los también aforados José Antonio Viera -al que también imputa malversación de fondos públicos- y Gaspar Zarrías, ambos diputados, y dejando fuera del procedimiento a la exconsejera y senadora Mar Moreno, en la que no encuentra delito.
Por otro lado, y tras perder Griñán su condición de aforado, el instructor elevó a través de un auto los indicios recabados en su contra y solicita que, por razones de conexidad, siga siendo enjuiciado junto con el resto de aforados.
Así, para Chaves, Viera y Zarrías el juez elevó una exposición motivada a la Sala que admitió en caso, que actuará de mero correo para que tramite el preceptivo suplicatorio ante el Congreso de los Diputados, necesario en este momento para continuar el procedimiento contra ellos. La citada Sala no puede cuestionar el contenido de dicho escrito y simplemente lo hará llegar a la Cámara Baja.
Según informa Europa Press, en el caso de Griñán, el magistrado motivó a través de un auto los indicios recabados contra él por los que se le imputa el delito de prevaricación, al que le considera presunto coautor y por tanto desde el punto de vista sustantivo material debe ser enjuiciado conjuntamente con los restantes aforados. Este auto puede ser recurrido por la defensa del expresidente andaluz, han señalado fuentes del alto tribunal.
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