La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, defensoría) de México pidió al Ejército investigar y reparar el daño por la muerte de seis personas, incluidos dos menores, a manos de militares que irrumpieron arbitrariamente en su casa en el estado de Guerrero (sur).
La tarde del 1 de septiembre de 2012, en el municipio de Técpan de Galeana, "20 militares armados llegaron en dos vehículos oficiales y se introdujeron violentamente al domicilio" de las víctimas, quienes festejaban un cumpleaños, según un comunicado de la CNDH divulgado este lunes.
Los menores y los cuatro adultos, uno de ellos parapléjico, fueron sustraídos de su domicilio y subidos a "vehículos militares que partieron con rumbo al poblado El Guayabo, donde (...) fueron privados de la vida con disparos de armas de fuego", según relataron testigos a la institución.
La CNDH, que desplegó visitadores y peritos para investigar el caso, envió una recomendación al ministro de Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, "por cateo ilegal, detención arbitraria y ejecución arbitraria".
Según el ómbudsman, Defensa Nacional admitió que militares participaron en los hechos. y de las declaraciones de 20 uniformados ante un fiscal "se desprenden contradicciones e inconsistencias en relación con su versión de un enfrentamiento armado".
Los soldados refirieron que sus víctimas se encontraban ocultas entre los matorrales al momento del supuesto enfrentamiento, pero los cuerpos sin vida se localizaron en un área abierta y sin protección, explicó la CNDH.
El organismo solicitó al Ejército -que pagó los gastos funerarios- la reparación integral del daño, incluida atención médica y psicológica a los familiares, así como una indemnización "justa".
Además, pidió que se lleve el caso a la justicia militar y ante la fiscalía general por lo civil.
Las fuerzas armadas de México se han visto involucradas en múltiples escándalos sobre tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, que llevaron a Cienfuegos a presentar disculpas públicas en abril.
El presidente Enrique Peña Nieto envió en diciembre al Congreso dos proyectos de ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada y la tortura, fenómenos que se exacerbaron desde 2006, cuando el gobierno federal lanzó un operativo militar antidrogas.
Desde entonces, según cifras oficiales, han muerto más de 170.000 personas y más de 28.000 se reportan desaparecidas.
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