Ejército de México pide disculpas públicas tras escándalo de tortura

En el ojo del huracán por la divulgación de un video en el que dos soldados y una policía torturan a una mujer, el ejército mexicano realizó un inusual gesto al pedir disculpas públicas por el incidente que "empaña" el despliegue de las fuerzas armadas contra el crimen.

Una mujer descalza echada en el piso, que llora y grita mientras una soldado apunta un arma sobre su cabeza, aparece en el video que se hizo viral a partir del miércoles en las redes sociales.

En las imágenes, una agente de la Policía Federal le esposa las manos para asfixiarla -en dos ocasiones- con una bolsa de plástico, mientras una militar le hace preguntas y la amenaza con otras formas de tortura, como toques eléctricos.

"En nombre de todos los que integramos esta gran institución nacional ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento", dijo este sábado el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, en la explanada principal del Campo Militar Uno de Ciudad de México ante más de 26.000 soldados.

La sesión de tortura ocurrió el 4 de febrero de 2015 en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, un estado del sur de México clave en el cultivo y tráfico de amapola y marihuana.

Ante el escándalo, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) dijo esta semana haber tenido conocimiento de lo sucedido recién el 10 de diciembre 2015, y aseguró que un capitán y una soldado policía militar fueron arrestados en instalaciones castrenses "como presuntos responsables del delito de desobediencia".

"Es necesario expresar públicamente nuestra indignación por los hechos lamentables que sucedieron hace casi 14 meses (...) en el que se aprecia que malos integrantes de nuestra institución empañan la actuación honorable de miles de mujeres y hombres en uniforme militar", dijo Cienfuegos, en un mensaje que fue transmitido en vivo a unos 130.000 soldados -de los 213.000 que conforman las fuerzas armadas-.

El asfalto del campo militar se cimbró cuando las trompetas sonaron y los miles de soldados corrieron, simultáneamente, para aglomerarse alrededor del pódium de su general Cienfuegos.

"Que quede claro, no debemos ni podemos enfrentar la ilegalidad con más ilegalidad. La delincuencia se contiene con la ley en la mano (...) Garantizar los derechos de las personas", fustigó, al subrayar que las tropas armadas seguirán operando "hasta los rincones más apartados: en las sierras, las costas, en áreas urbanas y rurales altamente conflictivas".

Al terminar el discurso, el campo militar se estremeció al unísono grito de "¡Vivan las Fuerzas Armadas!" de los soldados, quienes en muchos casos, no estaban enterados del contenido del polémico video.

"Aquí no tenemos acceso a internet ni a redes", dijo a la AFP bajo el anonimato uno de ellos. "Yo no puedo opinar sobre un hecho que no he visto", comentó otro de ellos.

La fiscalía general investiga el caso desde el 7 de enero, y procesará a los tres uniformados por la vía civil. Además de los dos soldados arrestados por autoridades castrenses, la policía federal involucrada fue ubicada y detenida por sus superiores.

El Estado mexicano lanzó en 2006 una lucha frontal de sus fuerzas federales contra la delincuencia organizada y el narcotráfico.

Pese a las críticas dentro y fuera del país por los numerosos casos de abuso por parte de los uniformados, el presidente Enrique Peña Nieto mantuvo este despliegue al asumir el cargo en 2012 con la promesa de conseguir un "México en paz".

Sin embargo, en marzo pasado, un militar fue detenido en relación a la desaparición y posterior asesinato de un hombre en Veracruz (este) y su caso será entregado a la justicia civil.

Ese mismo mes se supo que un tribunal militar mexicano absolvió a siete militares enjuiciados por el polémico caso de Tlatlaya (centro), en el que 22 civiles murieron en junio de 2014 en un confuso enfrentamiento con soldados. Sin embargo, tres de estos soldados enfrentan cargos en un tribunal civil por homicidio calificado y siguen su proceso en prisión.

En diciembre del año pasado, Peña Nieto envió al Congreso dos nuevos proyectos de ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada y la tortura en el país, fenómenos que han sido duramente denunciados por organizaciones como la ONU.