El Gobierno gestiona el traslado de los piratas a Kenia

  • Madrid, 9 may (EFE).- El Gobierno está haciendo gestiones con las autoridades de Kenia para un "eventual traslado" a este país de los catorce piratas que siguen arrestados en el petrolero español "Marqués de la Ensenada", según ha informado hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

Madrid, 9 may (EFE).- El Gobierno está haciendo gestiones con las autoridades de Kenia para un "eventual traslado" a este país de los catorce piratas que siguen arrestados en el petrolero español "Marqués de la Ensenada", según ha informado hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

Moratinos, en declaraciones a los periodistas en un acto en Córdoba, ha justificado el posible traslado a Kenia en virtud del acuerdo que este país tiene firmado con la UE para hacerse cargo de los piratas capturados en alta mar en el marco de la "operación Atalanta", que en la actualidad está bajo mando español.

La intención del Gobierno choca con la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de que los piratas no pueden ser entregados a Kenia al entender que dicho convenio "no afecta, ni puede afectar", a personas que se encuentren inmersas en un procedimiento judicial abierto por la jurisdicción española.

El auto del juez, dictado ayer, decreta la puesta en libertad de los siete piratas capturados el pasado miércoles en la primera operación del "Marqués de la Ensenada" cuando intentaban abordar un buque panameño, a la que siguió el arresto de los otros siete al día siguiente por una acción similar.

Según Moratinos, el Gobierno "siempre respeta las decisiones judiciales", pero ha puntualizado que el convenio entre Kenia y la UE se puede aplicar de forma provisional aunque aún no lo haya ratificado el Parlamento.

En línea con la postura del Ejecutivo, la Fiscalía ha recurrido la decisión del juez Andreu de no entregar los piratas a Kenia, de lo que se interpreta que el traslado a este país africano no se llevaría a la práctica hasta que se resuelva el recurso.

Moratinos ha negado que haya discrepancias con el Ministerio de Defensa, sino "plena concertación" para solucionar este asunto.

Defensa ha asegurado que está a la espera de la decisión del juez para actuar en consecuencia, aunque insiste en que tiene elementos suficientes que acreditan la actividad delictiva de los catorce piratas capturados en el Golfo de Adén.

El departamento que dirige Carme Chacón comunicó los arrestos a la Audiencia Nacional y le aportó "pruebas evidentes" de que habían cometido un delito de piratería, razón por la cual Andreu, a solicitud de la Fiscalía, ordenó el ingreso en prisión y su traslado a España para tomarles declaración.

El cambio de criterio del Ministerio Público fue el motivo por el que el juez también diera marcha atrás y decretara la liberación, aunque sin archivar la causa.

A la espera de que se resuelva este embrollo jurídico, los piratas siguen a bordo del "Marqués de la Ensenada", aunque Defensa no ha precisado dónde se encuentra el petrolero, que junto a la fragata "Numancia", componen la aportación naval de España en la misión de la UE.

Uno de los arrestados ha sido evacuado a la base francesa que hay en Yibuti, al norte de Somalia, para ser tratado de las heridas que sufre.

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, se ha mostrado convencida de que tanto el Ministerio de Defensa como el de Justicia darán "la mejor solución jurídica" a la situación de los corsarios.

Espinosa, en un acto en Vigo, ha admitido que la cuestión es "muy compleja" desde el punto de vista legal, aunque ha dejado claro que España seguirá adelante con la defensa de la flota pesquera que faena en la zona.

El PP ha eludido pronunciarse sobre este asunto al considerar que está en manos de los tribunales, según fuentes de este partido.

IU, a través de su eurodiputado, Willy Meyer, ha reclamado al Gobierno que aclare "cuanto antes" la situación de los detenidos y el papel de España en la operación "Atalanta".

Según Meyer, mandar una fuerza militar a un lugar del mundo "sin cobertura legal" es "un poco insólito" y da a entender la "improvisación" con la que está actuando el Ejecutivo.