"A ganar la paz, que es nuestra meta", así anunció Maduro a última hora del martes el reemplazo de los jefes del Ejército, la Armada, la Aviación y el Comando Estratégico Operacional, máximo órgano encargado de coordinar las Fuerzas Armadas venezolanas.
El principal cambio fue la destitución del jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, el general Antonio Benavides, y el ascenso en su lugar del también general Sergio Rivero, ya que este cuerpo de seguridad ha sido el más criticado por la represión de las protestas opositoras.
Maduro ha reaccionado así a los reproches por la acción de las fuerzas de seguridad. El lunes se difundieron vídeos y fotografías en los que se podía ver a efectivos disparando en Caracas contra manifestantes pacíficos, uno de los cuales, de 17 años, murió tras recibir una bala en el tórax, según la versión de la Fiscalía General.
Un día después la sede de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas amaneció rodeada de urnas de cartón y bolsas negras llenas de papel que simulaban cadáveres. "No pueden seguir asesinando a los jóvenes venezolanos en la calle", dijo el diputado opositor Tomás Guanipa, que ha acusado a las fuerzas venezolanas de "delitos de lesa humanidad".
Sin embargo, los militares ascendidos también están implicados en estos hechos. "Generales y almirantes que denunciamos ante el Ministerio Público por cometer atrocidades contra los venezolanos son premiados y ascendidos", ha escrito en Twitter la diputada opositora Gabriela Arellano.
Rocío San Miguel, experta en temas militares, ha indicado que el nuevo jefe de la Guardia Nacional Bolivariana fue denunciado por tortura en 2004. "Los cambios en el alto mando militar agravarán las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela", ha dicho en la misma red social.
CRISIS VENEZOLANA
La tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional --controlada por la oposición desde 2016-- y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.
El Gobierno de Maduro ordenó dar marcha atrás en ambas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que se ha producido una "ruptura del orden constitucional" que requiere elecciones anticipadas.
Desde entonces, la Mesa de Unidad Democrática no ha dejado de convocar manifestaciones multitudinarias que han acabado en duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Hasta ahora, un total de 74 personas han muerto, incluidos adolescentes, y miles han sido detenidas.
Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente por considerar que es la única forma de devolver la paz a Venezuela. La MUD, por su parte, ha denunciado que de esta manera el 'chavismo' pretende consumar el "autogolpe" que comenzó con las polémicas sentencias del TSJ.
La Asamblea Constituyente estará formada por 500 "ciudadanos" que serán elegidos el próximo 30 de julio "a través del voto universal, directo y secreto", de los cuales la mitad, 250, saldrán de sectores de marcado corte oficialista, según ha detallado Maduro.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios