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Navarro no ingresará en prisión si recurre al TS la condena de tres años dictada por la Audiencia Nacional

Al haber sido condenado a menos de cinco años podría aguardar en libertad la decisión del alto tribunal sobre su recurso

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El general médico Vicente Navarro, condenado hoy a tres años por la Audiencia Nacional por su responsabilidad en la errónea identificación de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, no ingresaría en prisión hasta que el Tribunal Supremo ratifique su condena en caso de que el alto mando militar recurriese en casación y solicitase la anulación de la sentencia, informaron fuentes jurídicas.

Se trata de una doctrina del Tribunal Supremo, que establece que en los casos de condenas inferiores a cinco años y siempre que el condenado pida la anulación de la resolución de instancia en su recurso de casación, queda eximida la obligatoriedad de comenzar al cumplir la pena en prisión.

Por ese motivo y ante el previsible recurso que presentará Navarro en los próximos días contra la sentencia conocida hoy, el condenado podrá aguardar en libertad a que el alto tribunal decida si convierte en firme la decisión de la Sala lo Penal de la Audiencia Nacional o si por contra decide una condena menor o incluso su libre absolución. En todo caso, Navarro, al carecer de antecendentes penales, tan sólo habría eludido de manera definitiva su ingreso en la cárcel en caso de haber sido condenado a una pena no superior a dos años.

La Audiencia Nacional condenó al general Vicente Navarro a tres años de cárcel y a un año y medio a los oficiales José Ramírez y Miguel Sáez por los errores en las identificaciones de las víctimas del accidente del Yak-42, que costó la vida a 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003, informaron fuentes jurídicas.

La sentencia, notificada hoy por la Sección Primera de la Sala de lo Penal sin lectura pública, impone también seis meses de multa para Navarro.

El fiscal Fernando Burgos solicitaba cinco años de cárcel para Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. A todos ellos les imputó un delito de falsedad en documento oficial por llevar a cabo la "invención" de 30 identidades.