En su informe, titulado 'Las cámaras de tortura secretas de Camerún: violaciones de los Derechos Humanos y crímenes de guerra en la lucha contra Boko Haram' y que incluye decenas de testimonios y pruebas gráficas, documenta un total de 101 casos de detención en aislamiento y torturas en más de 20 instalaciones de las autoridades entre 2013 y 2017.
"Hemos condenado de forma reiterada e inequívoca las atrocidades y crímenes de guerra cometidos por Boko Haram en Camerún --AI calcula que el grupo ha matado a más de 1.500 civiles en el país desde 2014--, pero nada puede justificar la cruel y difundida práctica de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad contra cameruneses normales y corrientes", ha dicho el director de AI para África Central y Occidental, Alioune Tine.
Así, ha indicado que ciudadanos cameruneses "son arrestados de forma habitual sin prueba alguna y obligados a soportar dolores inimaginables", recalcando que "estas violaciones horribles equivalen a crímenes de guerra".
"Dado el peso de las pruebas descubiertas, las autoridades deben iniciar inmediatamente investigaciones independientes sobre estas prácticas de detención y aislamiento y tortura, incluyendo una potencial responsabilidad individual y de cadena de mando", ha manifestado.
La ONG ha resaltado que escribió en abril de este año a las autoridades camerunesas para hacerlas conocedoras de los hallazgos, sin que Yaundé se haya pronunciado al respecto.
Las víctimas entrevistadas por la organización han descrito al menos 24 métodos de tortura a los que fueron sometidos. Uno de ellos, conocido como 'la cabra', se les ataba con las extremidades a la espalda antes de ser agredidos.
En una segunda técnica, descrita como 'el columpio', eran igualmente atados con las extremidades a la espalda y suspendidos en el aire para ser golpeados.
La mayoría de las víctimas fueron torturadas en dos centros de detención no oficiales, la sede del Batallón de Intervención Rápida (BIR) en Salak, cerca de la localidad de Maroua, y una instalación en Yaundé gestionada por los servicios de Inteligencia y ubicada cerca del Parlamento.
En el caso de Salak, hay dos celdas principales de cerca de nueve metros por cinco, en las que se metía a 70 personas. Los detenidos eran torturados habitualmente en una sala de interrogatorios situada cerca de la oficina del principal oficial a cargo.
Un hombre que se identifica como Samou --el cual no es su nombre real-- relató que fue detenido en marzo de 2016 e interrogado días después en Salak, donde le preguntaron si conocía a miembros de Boko Haram.
"Entonces un guardia me ató los pies y las manos detrás de la espalda y empezó a golpearme con un cable eléctrico, echándome agua por encima a la vez. Me golpearon casi hasta la muerte", afirmó.
Por su parte, un hombre que se identifica como Mohamed --tampoco su nombre real-- permaneció seis meses en detención en aislamiento y fue interrogado y torturado varias veces en Salak.
"Los soldados nos pedían que confesáramos. Nos decían que si no confesábamos nos llevarían a Yaundé y nos matarían. Respondíamos que preferíamos ser asesinados a confesar algo sobre lo que no sabíamos. Nos golpeaban así durante cuatro días", dijo.
PRESENCIA DE PERSONAL DE EEUU Y FRANCIA
El informe recoge además la presencia de personal estadounidense y francés en la base del BIR en Salak y reclama a los gobiernos de estos países que investiguen hasta qué punto conocían las torturas y detenciones ilegales.
"Dada la frecuente y posiblemente prolongada presencia de su personal militar, el Gobierno de Estados Unidos y otros socios internacionales deberían investigar el grado en el que su personal era consciente (...) y si tomaron medidas para informar a su jerarquía y a las autoridades camerunesas", ha apuntado Tine.
AI escribió a las embajadas de ambos países en Camerún el 23 de junio de 2017. Si bien la Embajada estadounidense respondió el 11 de julio, la francesa no ha contestado.
Por otra parte, la ONG ha identificado una escuela en Fotokol usada como base militar por el BIR desde mayo de 2014. Seis entrevistados fueron retenidos y torturados en ella entre diciembre de 2015 y marzo de 2016.
La escuela reabrió sus puertas para impartir clases a finales de 2016, pero en junio de 2017 seguía siendo utilizada parcialmente por el BIR, y al menos nueve detenidos continuaban allí.
En este sentido, AI ha resaltado que usar la escuela como base militar mientras hay niños en su interior viola las obligaciones de Camerún con el Derecho Humanitario, al no proteger a los civiles en un conflicto armado y poner a los menores en peligro.
"Los oficiales a cargo de estas instalaciones de detención deben ser investigados por su presunta responsabilidad de cadena de mando en las acusaciones sobre detención en aislamiento, tortura, muerte bajo custodia y desapariciones forzosas", ha remachado Tine.
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