La decisión, publicada el 5 de enero en la Gaceta Oficial, supone una marcha atrás en una de las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin (BICI) que el Gobierno había aplicado tras las protestas prodemocráticas iniciadas en 2011.
La decisión anula un decreto aprobado en 2011 que quitó estos poderes a la NSA tras una investigación sobre los abusos cometidos por el organismo contra manifestantes y detenidos.
"Restaurar los poderes de arresto de una agencia de Inteligencia que aterrorizó a familias y torturó a detenidos es otro clavo en el ataúd del proceso de reformas posterior a 2011 en Bahréin", ha dicho el subdirector de HRW para Oriente Próximo, Joe Stork.
"Los detenidos no estarán a salvo bajo custodia de la NSA y los mecanismos de supervisión de Bahréin no son una garantía de protección", ha alertado.
A pesar de que el nuevo decreto sólo da los poderes de detención en casos de terrorismo, las autoridades han usado esta legislación, de definición inexacta, contra activistas, periodistas y manifestantes, por lo que varias ONG ya han expresado su temor acerca de su posible uso.
La BICI, establecida para investigar las violaciones de Derechos Humanos entre febrero y junio de 2011, confirmó que durante ese periodo la NSA había torturado a manifestantes, lo que habría causado al menos una muerte.
El decreto ha sido publicado además en un momento en el que las autoridades han recrudecido su campaña de represión contra la oposición.
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas registradas en su territorio desde 2011.
En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.
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