En declaraciones tras el regreso al país de varios filipinos que habían estado en el extranjero, Duterte les prometió que si no tenían trabajo, él es daría uno: "matar a todos los drogadictos".
El subdirector de HRW para Asia, Phelim Kine, ha señalado que basar un programa de creación de empleo en el asesinato de presuntos delincuentes es una "idea perversa". El mandatario ha alentado en numerosas ocasiones a todo ciudadano a unirse a su lucha contra el narcotráfico dejando a un lado los Derechos Humanos.
"Mi orden es disparar a matar", ha reiterado en varios discursos. Desde que llegó al poder, el pasado 30 de junio, la 'guerra contra las drogas' de Duterte ha acabado con la vida de unas 9.000 personas, muchas de ellas pequeños narcotraficantes de bajo nivel, algo que los organismos en defensa de los Derechos Humanos han criticado.
No obstante, la Policía se ha atribuido sólo parte de estas ejecuciones, implicando en este operativo a los denominados 'vigilantes', ciudadanos anónimos que participan en la campaña. No obstante, según una investigación de HRW, esto es en realidad una fachada tras la cual los agentes se protegen a sí mismo de la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales.
Por último, Kine ha recordado que esta campaña puede considerarse un crimen contra la humanidad, en virtud de la definición del Tribunal Penal Internacional (TPI), al que Manila pertenece. "El pueblo filipino debe rechazar la 'guerra contra las drogas' de Duterte y unirse a las voces que, en todo el mundo, piden justicia para las miles de víctimas de su campaña", ha concluido.
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