Brasil niega fallos en la investigación del trabajador asesinado en una hacienda en 1998

  • Santiago de Chile, 30 abr (EFE).- Brasil negó hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la mayoría de los fallos que se le han atribuido en la investigación de un trabajador asesinado en 1998 durante el desalojo de una hacienda ocupada por movimientos sociales.

Brasil niega fallos en la investigación del trabajador asesinado en una hacienda en 1998

Brasil niega fallos en la investigación del trabajador asesinado en una hacienda en 1998

Santiago de Chile, 30 abr (EFE).- Brasil negó hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la mayoría de los fallos que se le han atribuido en la investigación de un trabajador asesinado en 1998 durante el desalojo de una hacienda ocupada por movimientos sociales.

"Hubo doce acusaciones de fallos. En once casos, a nuestra manera de ver, no hubo ninguna falla grave", dijo a Efe Tadeo Valadares, embajador de Brasil en Costa Rica, que ha asistido a las dos sesiones que la Corte ha celebrado, ayer y hoy, en Santiago.

Valadares aseguró que la única omisión consiste en que no se realizó un examen de balística, lo que a su juicio "no empaña todo el proceso" que realizó el Estado brasileño sobre la muerte de Sétimo Garibaldi, ocurrida el 27 de noviembre de 1998.

Según la Comisión, ese día, un grupo de pistoleros llevó a cabo una operación extrajudicial de desalojo de las familias de trabajadores sin tierra que ocupaban una hacienda en el municipio de Querencia de Norte, en el Estado de Paraná (sur de Brasil).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó a Brasil ante la Corte al considerar que ese Estado "no ha hecho lo suficiente para investigar", según dijo a Efe el comisionado chileno Felipe González Morales, vicepresidente de la CIDH.

"La Comisión presentó este caso entendiendo que es un caso paradigmático de desalojo violento de trabajadores rurales en Brasil, una práctica muy común que históricamente queda en la impunidad", explicó González.

El Estado archivó la demanda en 2004 a instancias de un fiscal que, tras sopesar todos los datos, decidió que no había posibilidades de lograr la condena de dos sospechosos, según explicó Valadares.

Brasil reabrió el caso el pasado 20 de abril, nueve días antes de que se iniciara este juicio, a raíz de dos testimonios que los representantes de las víctimas presentaron a la Corte, y que para ese Estado suponen pruebas novedosas para retomar las diligencias.

Sin embargo, el vicepresidente de la CIDH recuerda que una de esas personas, Vanderlei Garibaldi, hermano del fallecido, fue quien notificó el crimen a la policía, pero después nunca se le citó a declarar.

También denuncia que sólo se interrogó a ocho de las más de 200 personas que participaron en la ocupación, y a otros siete individuos más, lo que "no incluye a todos los copropietarios de la hacienda, a los que debería haberse investigado por posible autoría intelectual".

En tanto, la viuda de la víctima, Irracema Garibaldi, considera que la reapertura de la investigación nueve días antes de este juicio "fue una maniobra" del Estado brasileño y asegura que no tiene fe en que este caso se vaya a esclarecer.

Luciana García, abogada de Justicia Global, que defiende a Irracema, asegura que estos desalojos los ejecutan milicias privadas vinculadas al partido Unión Democrática Ruralista, que según dice "las organiza y las financia".

La letrada explica que estos hechos violentos se producen de manera sistemática en el Estado de Paraná, donde entre 1998 y 2008 han muerto diez trabajadores en hechos similares, mientras que el pasado año fueron un total de 48 los asesinados en todo el país.

Los representantes de las víctimas, de la CIDH y del Estado brasileño han presentado ante la Corte sus alegaciones orales y podrán entregar esos argumentos por escrito hasta el próximo 10 de junio. Se espera que la sentencia se conozca antes de final de año.

La Corte, que es una institución judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos, no tiene atribuciones penales, pero sí puede ordenar el pago de indemnizaciones, reformas legales o judiciales o medidas de reparación simbólica, entre otras.