México, 11 sep.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México recomendó hoy al Gobierno del estado central de Puebla investigar y sancionar a varios funcionarios y agentes policiales, a quienes responsabilizó de la muerte de un niño de 13 años durante un enfrentamiento ocurrido el pasado 9 de julio.
El organismo autónomo indicó en un comunicado que como resultado de una exhaustiva investigación determinó que "se cometieron violaciones graves a los derechos humanos" en el enfrentamiento entre policías preventivos del estado y habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, municipio de Ocoyucan.
Tales violaciones, añadió, son "atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia" de Puebla.
Explicó que resultaron evidentes las transgresiones a los derechos a la vida y la libertad de reunión y, por tanto, a la seguridad e integridad personal, legalidad, seguridad jurídica y trato digno, "y a todos aquellos derechos que el orden jurídico mexicano reconoce a las víctimas del delito y del abuso del poder".
El enfrentamiento se produjo en el marco de una protesta de pobladores contra el retiro de las oficinas del registro civil en comunidades rurales.
Las víctimas son un niño de 13 años, quien murió; nueve personas que resultaron lesionadas, entre ellas dos menores de edad; 49 agentes policiales heridos, cuatro ciudadanos que fueron detenidos y luego liberados y otras personas que por hallarse en el lugar estuvieron en riesgo ante los actos de violencia.
Respecto al niño fallecido, indicó que los peritajes realizados por la Comisión descartan que su muerte se debiera al estallido de un cohetón arrojado por los manifestantes, como argumentó el Gobierno estatal, y que "existen elementos para observar que las lesiones que se infligieron al menor" fueron producidas por una de las granadas de gas lacrimógeno lanzadas por los policías.
La Comisión formuló una serie de recomendaciones al Gobierno de Puebla, entre las que destaca que se inicien "los procedimientos de responsabilidad respectivos" contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas, y el personal de dicha institución que participó en los hechos.
Pide también la creación de una fiscalía especial para la investigación de los hechos, "a efecto de que garantice de manera transparente, objetiva e imparcial un adecuado acceso a la justicia para las víctimas, sus familiares y los policías lesionados".
Asimismo, recomienda que se reparen los daños causados a las víctimas y sus familiares en los términos más amplios, así como la implementación de mecanismos para la atención de demandas sociales que privilegien el diálogo y el respeto a los derechos humanos.
Solicita igualmente dotar a los cuerpos de seguridad de equipos de videograbación que permitan registrar su conducta durante los operativos en que participen, y pide la colaboración del Gobierno de Puebla en el trámite de las quejas y denuncias de hechos que promueva la CNDH contra de los servidores públicos involucrados.
Los hechos se produjeron después de que el 19 de mayo entrara en vigor en Puebla una polémica ley que permite a la Policía usar armas de fuego y otras no letales para controlar manifestaciones violentas, emergencias y desastres naturales.
Las multitudinarias protestas que siguieron a la muerte del niño en el enfrentamiento motivaron que el gobernador Rafael Moreno Valle, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), pidiera al Congreso estatal la derogación de la norma, nombrada en redes sociales como "Ley Bala", lo que hasta ahora no ha ocurrido.
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