El sistemático arresto domiciliario llevado a cabo por las fuerzas de seguridad de Túnez en el marco del estado de emergencia declarado en noviembre de 2015 ha impedido que decenas de personas reanuden sus estudios o acudan al trabajo, según ha denunciado la ONG Human Rights Watch (HRW), que ha alertado de que el estado de emergencia no debería ser una excusa para vulnerar los Derechos Humanos de las 139 personas que se encuentran en esta situación.
"Para ser legítimo, el arresto domiciliario debe estar sujeto a un proceso judicial y a límites temporales", ha aseverado la ONG, que ha señalado que las autoridades justifican las detenciones aludiendo a que se trata de una serie de operaciones antiterrorismo.
Si el Gobierno de Túnez continúa llevando a cabo este tipo de detenciones, deberá establecer un periodo limitado de tiempo y permitir una revisión judicial de los arrestos, según ha indicado la ONG, que ha aseverado que cualquier renovación de las detenciones debería estar sujeta a aprobación judicial.
El 24 de noviembre de 2015, el presidente de Túnez, Beji Caid Essebsi, declaró el estado de emergencia después de que doce guardias presidenciales murieran como consecuencia de un atentado suicida. Desde entonces, el estado de emergencia ha sido renovado en varias ocasiones, la más reciente el 16 de septiembre.
El estado de emergencia en Túnez está recogido en el decreto presidencial de 1978, que ofrece al Ministerio del Interior la autoridad para ordenar el arresto domiciliario de cualquier ciudadano cuyas actividades supongan una "amenazada para el orden público".
Según HRW, el decreto señala que el Gobierno debe ofrecer los alimentos y productos básicos a aquellas personas que no puedan abandonar sus domicilios, así como a sus familiares. Sin embargo, la organización ha denunciado que las autoridades no están suministrando este tipo de ayudas.
El Ministerio del Interior ha comunicado que aquellos que se encuentran bajo arresto domiciliario son principalmente ciudadanos que han regresado de zonas que se encuentran en conflicto o tunecinos sospechosos de pertenecer a grupos de milicianos locales.
Las autoridades han presentado cargos por terrorismo contra algunos de los detenidos, que en su mayoría deben permanecer en sus casas, ha señalado HRW, que ha denunciado que algunos deben registrarse dos veces al día en las comisarías más cercanas a sus domicilios.
FALTA DE DOCUMENTOS
Según la organización, la mayoría de los afectados ha afirmado que la situación les está suponiendo una pérdida económica significativa, así como la incapacidad de reanudar sus estudios o de acudir al trabajo. "El problema es que no sé cuando terminará esto", ha indicado Hamed Bouteraa, dueño de una frutería.
"Estoy arruinado, he perdido mi reputación. Mis amigos y mis familiares me evitan y mis clientes y vecinos me tienen miedo. Llevo once meses bajo arresto y aún no sé por qué. Cuando le pregunto a la Policía, lo único que me dicen es que soy un sospechoso", ha añadido.
El abogado Hafedh Ghandhoun, que defiende a varios detenidos, ha podido obtener los documentos de varias órdenes de arresto. Uno de los textos fue firmado por el que era entonces el ministro del Interior Najem Gharsalli. La falta de documentación ha complicado la tarea de enfrentarse a las autoridades por la vía administrativa, según Ghandhoun.
No obstante, los tribunales han aceptado a trámite varios casos a pesar de que los abogados no han podido presentar la documentación necesaria. La Justicia tunecina ha indicado que las autoridades no pueden encerrar a los sospechosos en sus propios domicilios, una medida que sería similar a "enviarlos a prisión sin ser previamente juzgados, lo cual es una violación de los Derechos Fundamentales recogidos en la Constitución".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios