El Estado uruguayo se reconocerá responsable exclusivo de los crímenes de la dictadura de 1973-1985

MONTEVIDEO, 6 (EUROPA PRESS)

El Estado uruguayo se reconocerá, por primera vez, responsable exclusivo de los crímenes y las violaciones de Derechos Humanos perpetrados durante la dictadura que rigió el país entre 1973 y 1985, así como de las prácticas de terrorismo de Estado cometidas desde 1968, después de que el presidente Tabaré Vázquez suscribiera el pasado lunes la Ley de Reparación Integral a las víctimas de la dictadura, que comenzará a ser debatida esta misma semana por el Parlamento.

El objetivo de la nueva ley es la reparación de todas las personas cuyos derechos hayan sido violados "por acción u omisión del Estado" en el periodo comprendido entre el 13 de junio de 1968, cuando el presidente conservador Jorge Pacheco Areco decretó la limitación de las libertades civiles, y el 28 de febrero de 1985, cuando llegó al poder el primer presidente democrático después de doce años de dictadura, Julio María Sanguinetti.

Aparte de reconocer la exclusiva responsabilidad exclusiva del Estado en la ruptura del Estado de Derecho, la Ley de Reparación Integral ofrecerá, en consonancia con la Carta de Naciones Unidas, indemnización económica y asistencia profesional a las víctimas de la represión y a sus familiares.

Fuentes parlamentarias citadas por la agencia de noticas Prensa Latina indicaron ayer que la intención es que la nueva ley sea aprobada el próximo 20 de mayo, coincidiendo con el trigesimotercer aniversario del asesinato de cuatro destacados opositores a la dictadura exiliados en Buenos Aires. La aprobación de la iniciativa se da por descontada, ya que los partidarios de Tabaré Vázquez --el primer presidente izquierdista de la historia de Uruguay-- dominan mayoritariamente las dos Cámaras del Parlamento.

Los partidos opositores Nacional y Colorado consideran que esta ley es "asimétrica" por que sólo propone indemnizar a las víctimas "de un bando" (las víctimas de la dictadura) y no a quienes padecieron la violencia de la guerrilla Tupamara "sin haber pertenecido a organismos del Estado".