El juez Andreu continuará investigando a 7 altos cargos israelíes pese a la oposición de Fiscalía

El magistrado insiste en que el Estado hebreo no ha iniciado ninguna causa y recuerda que Gaza no es Israel

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decidió hoy dar continuidad a la causa iniciada contra siete responsables militares de Israel, entre ellos el ex ministro de Defensa Benjamin Ben-Eliezer, por un bombardeo perpetrado por el Ejército hebreo en un barrio de la Franja de Gaza el 22 de julio de 2002 en el que murieron 14 civiles, al considerar que Estado de Israel ya está investigando los hechos.

La Fiscalía solicitó el archivo provisional de la causa a principios de abril al considerar que España no puede actuar como "una tercera instancia penal". El Ministerio Público defendía que el ataque había sido objeto de una triple revisión, efectuada por el Fiscal General Militar, el Fiscal General del Estado de Israel, y el Tribunal Supremo.

*No obstante, el juez Andreu explica en un auto hecho público que las autoridades israelíes no han efectuado, por el momento, investigación alguna sobre los hechos ni por parte de las Fiscalías ni por parte del alto tribunal. En cuanto a los ministerios públicos el magistrado especifica que "no existe entre la documentación" aportada por Israel "ninguna resolución en la que expongan y fundamenten las razones de no incoar una investigación criminal diridiga a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos".

Sobre la actuación del alto tribunal, el juez indica que el Supremo requirió el dictamen de una Comisión de Investigación creada al efecto y formada por altos mandos militares, que aún no ha emitido su dictamen, en virtud de la cual decidió si admite o no trámite una investigación sobre los hechos.

GAZA NO ES ISRAEL

A pesar de todo, el magistrado recuerda que "los hechos ocurren en la ciudad de Gaza, siendo así que la comunidad internacional, sin distinción y en su conjunto, admite que dicho territorio no forma parte del Estado de Israel".

En relación a su competencia para investigar la causa, el juez insiste en que los hechos "abrían de tipificarse como crímenes de guerra" por lo que argumenta que "aunque existiera algún procedimiento abierto en Israel, cabría interpretar la competencia de la jurisdicción española para llevar a cabo la instrucción; pero en este caso no ha existido ni existe en Israel ningún procedimiento dirigido a la investigación de estos hechos".

Menciona como respaldo a su postura el Convenio de Ginebra, suscrito por España, "que establece de forma expresa el régimen de jurisdicción universal concurrente claramente alternativa respecto de otras jurisdicciones y en ningún caso estrictamente subsidiaria". Contra el auto del magiostrado cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación.

SIETE ACUSADOS

El magistrado, que admitió a trámite la querella el 21 de enero, imputa indiciariamente a los siete acusados un delito contra la humanidad. Andreu asumió la competencia de la causa en función de lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula que España puede investigar el genocidio, el terrorismo y los delitos contra las personas cometidos en conflictos armados, bien se sucedan en su territorio o fuera de él.

La querella, que fue presentada por el Centro Palestino para los Derechos Humanos en representación de seis familiares de los palestinos asesinados, involucraba también en los hechos al entonces primer ministro de Israel Ariel Sharon, en coma profundo desde el año 2005.

Concretamente, la Audiencia Nacional investiga, además de al ex ministro de Defensa Ben-Eliezer, al comandante de las Fuerzas Aéreas israelíes en el momento de los hechos Dan Halutz; al general encargado del mando Sur de las Fuerzas de Defensa israelíes, Doron Almog; al presidente del Consejo Nacional de Seguridad y asesor nacional de seguridad, Giora Eiland; al secretario militar del ministro de Defensa, Michael Herzog; al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel Moshe Ya'Alon y al director del servicio general del seguridad, Abraham Dichter.

El ataque se produjo contra el barrio de Al Daraj de la ciudad de Gaza cerca de las doce de las noche. Un avión de combate F-16 lanzó una bomba de una tonelada contra la casa de Salah Shehadeh, sospechoso de ser uno de los comandantes de Hamás, con el objetivo de asesinarlo. La vivienda fue alcanzada directamente por la bomba "en una de los lugares residenciales de mayor densidad de población del mundo" --sólo en la Franja viven un millón y medio de personas--, explica el juez en su auto, hecho público hoy.

La casa se encontraba a menos de dos metros de la de la familia Mattar lo que provocó que esta vivienda también fuese destruida y que siete miembros de sus miembros resultaran muertos tras el ataque. Como consecuencia de la explosión, murieron un total de 15 personas, la mayoría niños y bebés, 150 fueron heridas, ocho casas de los alrededores fueron destruidas, nueve recibieron daños de gravedad y 21 daños moderados.

El juez Andreu calificó aquel ataque como "claramente desproporcionado y excesivo" y advierte de que si en el curso de la investigación, las pruebas demuestran que la acción respondía a "una estrategia preconcebida o predeterminada" por parte de Israel, la Justicia española podría calificar los hechos de una forma "más grave de la que inicialmente puede considerarse".