Garzón estudia una querella contra los "responsables jurídicos" de Guantánamo

  • Madrid, 30 mar (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha pedido a la Fiscalía que le informe de si debe investigar los hechos denunciados en una querella interpuesta contra seis abogados norteamericanos considerados los "responsables jurídicos" de la creación del centro de detención de Guantánamo.

Madrid, 30 mar (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha pedido a la Fiscalía que le informe de si debe investigar los hechos denunciados en una querella interpuesta contra seis abogados norteamericanos considerados los "responsables jurídicos" de la creación del centro de detención de Guantánamo.

Los querellados son Alberto R. Gonzales, principal asesor legal de la Casa Blanca hasta 2005, cuando se convirtió en fiscal general de Estados Unidos; y otros miembros de la Administración de George W. Bush como David Addington, William J. Haynes, Douglas Feith, Jay S.Bybee y John Yoo.

Fuentes del Ministerio Público han señalado hoy a Efe que estudiarán detenidamente el texto de la denuncia antes de emitir su informe sobre la competencia de la Justicia española, por lo que el dictamen podría demorarse varias semanas.

La querella fue presentada el pasado día 17 por varios letrados en nombre de la Asociación pro Dignidad de los Presos y Presas de España, que consideró que no debía ser enviada a reparto, sino investigada directamente por Garzón porque este magistrado ha instruido causas en contra de algunas de las personas que estuvieron internadas en Guantánamo.

Entre esas personas figuran los ciudadanos españoles o residentes en España Lahcen Ikassrien, Hamed Abderrahman Ahmed, Jamiel Abdul Latif al Banna "Abu Anas", Omar Deghayes y Reswad Absulsam.

Garzón acusaba a los cuatro primeros de integración en organización terrorista y consiguió la entrega de Ikassrien y de Ahmed, aunque la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo terminaron absolviéndoles en sentencias en las que, respecto de Guantánamo, decían que "toda diligencia o actuación practicada en ese escenario debe ser declarada totalmente nula y como tal inexistente".

El juez solicitó también la entrega de Al Banna y de Deghayes, pero el año pasado retiró su petición de extradición después de recibir varios informes médicos que señalaban que, tras haber sido liberados de Guantánamo, no están en condiciones físicas y mentales para afrontar un juicio.

La querella afirma que los denunciados "participaron activa y decisivamente en la elaboración, aprobación y puesta en funcionamiento de un cuerpo de derecho positivo o andamiaje jurídicos" que permitió privar de derechos a los prisioneros, poner en práctica técnicas de interrogatorio que incluían la tortura y dar cobertura legal a esa situación.

Pero, sobre todo, les acusa de "establecer la más absoluta impunidad para todos los funcionarios, militares, médicos y demás personal que ha participado en lo sucedido en el centro de detención de Guantánamo".

Gonzales y sus compañeros, según los querellantes, formaban parte de lo que ellos mismos llamaban "Comité de Guerra" y que, inmediatamente después del 11-S, elaboraron un memorando en el que se autorizaba a la CIA para disponer de centros de detención fuera de los Estados Unidos que Bush firmó el 17 de septiembre de 2001.

Los querellados también estarían detrás de los consejos legales en los que el Gobierno norteamericano se amparó para adoptar la decisión de proceder a la utilización de técnicas de interrogatorio más duras, desestimando la aplicación de la Convención de Ginebra a los prisioneros, para los que se creó la denominación de "combatientes ilegales".

Las acusaciones a los abogados norteamericanos incluyen la "redefinición" del concepto de torturas y el establecimiento de varias categorías de interrogatorio, la tercera y última de las cuales incluye la exposición a frío intenso o agua, la utilización de asfixia por toallas mojadas o el uso de la violencia física sin llegar a causar lesiones.

La querella les considera, por todo ello, autores por cooperación necesaria de los delitos de tortura y tratos inhumanos, perseguibles en España de acuerdo con el principio de jurisdicción universal.