HRW insta al Gobierno iraquí a detener de nuevo las ejecuciones de presos

  • Nueva York, 6 may (EFE).- Irak debería declarar una moratoria inmediata de la pena de muerte después de que el Gobierno decidió reanudar el pasado 3 de mayo las ejecuciones, tras haberlas paralizado durante año y medio, afirmó hoy Human Rights Watch (HRW).

Nueva York, 6 may (EFE).- Irak debería declarar una moratoria inmediata de la pena de muerte después de que el Gobierno decidió reanudar el pasado 3 de mayo las ejecuciones, tras haberlas paralizado durante año y medio, afirmó hoy Human Rights Watch (HRW).

El responsable para Oriente Medio de la organización de derechos humanos, Joe Stork, consideró en un comunicado que la reanudación de las ejecuciones "supone un gran revés para los derechos humanos en Irak".

"En un país que ha vivido tanta violencia, el Gobierno debería centrarse en arreglar un aparato judicial defectuoso en lugar de ejecutar", agregó.

Las autoridades iraquíes ejecutaron el pasado 3 de mayo en la horca a 12 condenados y se cree que hay otros 115 en el corredor de la muerte, según la misión de la ONU en Irak (UNAMI).

En su comunicado, HRW expresó particular preocupación por el hecho de que Irak siga admitiendo en sus procedimientos judiciales confesiones obtenidas mediante métodos coercitivos.

También instó a las autoridades iraquíes a divulgar las identidades y la situación de los condenados a muerte, así como los pormenores de delitos de los que se le acusó y los juicios a los que fueron sometidos.

Human Rights Watch señaló que se opone por principio a la pena de muerte por su naturaleza "inhumana" y su carácter irreversible.

Además, recordó que el derecho internacional exige en los casos de pena de muerte el respeto escrupuloso de los derechos de los acusados, como son la presunción de inocencia y el acceso a una defensa competente.

Sin embargo, UNAMI y la oficina del Alto Comisionado de la ONU consideran que el actual sistema de Justicia iraquí no garantiza unos procedimientos judiciales justos, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, suscrito por Irak en 1971.

Según ambos organismos, las autoridades iraquíes no respetan la prohibición de obtener pruebas, en especial confesiones, con torturas, y hacen caso omiso al derecho, recogido en el pacto, de los prisioneros a negarse a testificar contra ellos mismos o a confesar su culpabilidad.