La mala aplicación de la Justicia castiga los derechos humanos en los países andinos

  • Washington, 25 feb (EFE).- El mal funcionamiento de la justicia y y la corrupción son problemas en materia de derechos humanos presentes en todos los países del área andina, afirmó hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La mala aplicación de la Justicia castiga los derechos humanos en los países andinos

La mala aplicación de la Justicia castiga los derechos humanos en los países andinos

Washington, 25 feb (EFE).- El mal funcionamiento de la justicia y y la corrupción son problemas en materia de derechos humanos presentes en todos los países del área andina, afirmó hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos fuera del país, el Gobierno estadounidense señaló también abuso de las fuerzas de seguridad, violencia contra mujeres y niños y acoso a la libertad de prensa en la región.

BOLIVIA

Los principales problemas de derechos humanos en Bolivia el año pasado "fueron abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, las duras condiciones en las prisiones, arrestos y detenciones arbitrarias, ataques del poder ejecutivo al judicial y amenazas a las libertades civiles y a la libertad de prensa".

Según el Departamento de Estado, las autoridades bolivianas emplearon el año pasado "un uso excesivo de la fuerza" y se produjeron "abusos en conflictos internos".

Además consideró que en 2008 en Bolivia existió "corrupción y falta de transparencia en el gobierno, discriminación por sexo y grupo étnico, tráfico de personas, trabajo infantil y condiciones de trabajo brutales en el sector minero".

No obstante, "el gobierno generalmente respetó los derechos humanos de sus ciudadanos" dice el informe en el que se asegura que si bien "las autoridades y sus agentes no cometieron asesinatos políticos, 17 muertes ocurrieron durante conflictos de carácter político".

ECUADOR

El gobierno ecuatoriano, "en general, respetó los derechos de sus ciudadanos el año pasado", pero persistieron problemas tales como el uso excesivo de fuerza y las muertes causadas por la policía, algunas veces con impunidad y malas condiciones de las prisiones.

Según el informe, en este país andino se produjeron "arrestos arbitrarios, corrupción y otros abusos de las fuerzas de seguridad, un elevado número de detenciones en espera de juicio y negación de los procedimientos requeridos en el sistema judicial".

"Persisten problemas sociales como la violencia y la discriminación contra las mujeres, los indígenas, los afroecuatorianos y los homosexuales, el tráfico de personas y la explotación sexual de menores, y el trabajo infantil", agregó.

El Departamento de Estado afirma que la nueva Constitución ecuatoriana contiene disposiciones que obligan a los medios a emitir programas gubernamentales y hay preocupación sobre cómo afecta a la libertad de expresión y de prensa.

COLOMBIA

El respeto a los derechos humanos y la seguridad ciudadana mejoraron en Colombia, algo que "se evidenció con el desarrollo de la Ley de Justicia y Paz".

El informe sostuvo que la normativa "ayudó a esclarecer más de 20.000 crímenes y condujo a la exhumación de 1.788 restos en 1.441 fosas comunes".

Pese a ello hubo "ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas, colaboración de militares insubordinados con nuevos grupos paramilitares ilegales que se negaron a desmovilizarse; tortura y maltrato de los detenidos; sobrepoblación de presos e inseguridad en las cárceles".

El Departamento de Estado observó en Colombia "arrestos arbitrarios, un alto número de detenidos en espera de juicio, un ineficaz sistema jurídico expuesto a la intimidación y acoso contra los periodistas".

En 2008 este país sudamericano sufrió de "violencia contra las mujeres, incluidas violaciones, abusos a niños y prostitución infantil, así como tráfico de mujeres y niños para la explotación sexual".

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) perpetraron asesinatos políticos, secuestros y desapariciones forzosas y reclutaron soldados niños, entre otras violaciones de los derechos humanos.

El informe también detalla las violaciones perpetradas por el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuya desmovilización llevó a una reducción en los asesinatos y otros abusos de los derechos humanos.

PERÚ

También el gobierno peruano "en general" respetó los derechos de sus ciudadanos en 2008, pero hubo "asesinatos atribuidos a fuerzas gubernamentales y desapariciones en zonas de control militar, abuso de detenidos, malas condiciones carcelarias y prolongadas detenciones antes de los juicios".

Se produjeron igualmente, según EE.UU., "ataques contra los medios de comunicación por parte de autoridades locales".

"La organización terrorista Sendero Luminoso, vinculada con el tráfico de drogas, fue responsable de asesinatos y otros abusos de los derechos humanos", añadió el informe.

El Departamento de Estado señaló que el año pasado continuaron en Perú "la corrupción gubernamental, la violencia y la discriminación contra las mujeres, la violencia contra los niños, incluido el abuso sexual, el tráfico de personas, la discriminación contra los indígenas y otras minorías, y la omisión en el cumplimiento de las leyes laborales".

VENEZUELA

El informe estadounidense denuncia la "politización de la justicia" en Venezuela, así como el "acoso oficial" contra los medios de comunicación y la oposición, durante 2008.

El texto cita otros problemas de derechos humanos, como "muertes ilegales", y en concreto "ejecuciones sumarias de sospechosos criminales" por parte de fuerzas de seguridad, de las que pueden haber sido víctimas 39 personas, según datos de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA).

El Departamento de Estado también habla de una "extendida corrupción en todos los niveles de la administración y un sistema judicial caracterizado por retrasos, impunidad, violación de los derechos procesales y discriminación por razones políticas".

Otro problema en Venezuela a los ojos del Gobierno de EE.UU. son "las duras condiciones de las prisiones, la violencia de género, el tráfico de personas y la restricción de los derechos de asociación de los trabajadores".