La oposición uruguaya acusa al Gobierno de utilizar de forma electoralista la Ley de Caducidad

  • Montevideo, 20 feb (EFE).- La oposición uruguaya acusó hoy al Gobierno de utilizar de modo electoralista el debate parlamentario previsto para la semana próxima sobre la posible inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Caducidad de los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985).

La oposición uruguaya acusa al Gobierno de utilizar de forma electoralista la  Ley de Caducidad

La oposición uruguaya acusa al Gobierno de utilizar de forma electoralista la Ley de Caducidad

Montevideo, 20 feb (EFE).- La oposición uruguaya acusó hoy al Gobierno de utilizar de modo electoralista el debate parlamentario previsto para la semana próxima sobre la posible inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Caducidad de los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985).

Tanto el Partido Nacional o Blanco como el Partido Colorado señalaron que la coalición gobernante, el izquierdista Frente Amplio, pretende utilizar esa norma como motivo de campaña ante las elecciones generales del 25 de octubre.

"Está claro que el Frente está impulsando una estrategia de cara a las elecciones. Por eso pretende volver a centrar la atención en este tema", dijo el senador "blanco" Gustavo Penedes al diario digital Observa.

Ayer, a iniciativa del Frente, el vicepresidente del país y presidente de la Asamblea General, que reúne a las dos cámaras del Legislativo, Rodolfo Nin Novoa, convocó para el próximo miércoles una sesión extraordinaria a fin de debatir la Ley.

Dos días antes el Gobierno avaló la inconstitucionalidad de los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Caducidad en su aplicación al caso concreto del asesinato de una militante comunista asesinada en 1974.

Dicha ley, aprobada en 1986 y refrendada en consulta popular en 1989, canceló la posibilidad de enjuiciar a militares y policías que participaron en la represión de los opositores políticos en los años de la dictadura uruguaya.

La aceptación de una excepción en la aplicación de esta Ley podría abrir paso a los juicios.

El debate del miércoles en la Asamblea General es defendido por el Frente Amplio, mayoritario en ambas cámaras, pues los grupos opositores, del Partido Nacional y el Colorado, consideran que el examen corresponde en exclusiva al Poder Judicial.

La Ley de Caducidad "fue doblemente ratificada, primero por el Parlamento y después en el plebiscito realizado en 1989", señaló hoy el diputado colorado Daniel García Pintos

Añadió que el Gobierno utiliza un "doble discurso", pues con anterioridad el propio presidente del país y líder del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, había indicado que no se derogaría la Ley de Caducidad.

El Frente "siempre le ha sacado rédito político" al tema de los derechos humanos, dijo García Pintos.

Si, al igual que hizo el Gobierno, el Poder Legislativo avala la inconstitucionalidad de la citada Ley en el caso presentado por la fiscal Mirtha Guianze, entonces sería la Suprema Corte de Justicia la encargada de dictaminar, pues la decisión de la Asamblea General no es vinculante.

"Quien declara la inconstitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia", afirmó a la prensa Nin Novoa, para quien, no obstante, el debate en el Legislativo será muy útil.

"Me parece que es una actitud democrática, en donde todo el mundo puede participar, expresar sus opiniones y debatir un tema que, sin lugar a dudas, está mal solucionado desde hace más de 25 años", dijo.

Sin embargo, según el senador opositor Gustavo Penadés, el debate tiene "un componente de carácter jurídico que no queda claro", pues la Constitución no concreta que el Poder Legislativo tenga que expresarse sobre la propia constitucionalidad de las leyes.

El artículo 1 de la Ley de Caducidad establece que los policías y militares no serán enjuiciados por los delitos cometidos durante la dictadura.

Los detractores afirman que vulnera el principio de igualdad jurídica de todas las personas.

Los artículos tercero y cuarto también puestos en duda determinan que cuando una causa que involucra hechos ocurridos durante la dictadura llega a un Juzgado, el juez debe enviársela al presidente de la República para que éste decida si tal caso está o no amparado por la Ley de Caducidad.

El Ejecutivo, en tal oportunidad, debe participar también en la investigación según las denuncias que lleguen al Poder Judicial, lo que vulnera el principio constitucional de la separación de poderes, agregan los críticos de dicha Ley.