Legisladores oficialistas uruguayos piden debatir la Ley de Caducidad en el Parlamento

  • Montevideo, 18 feb (EFE).- Legisladores oficialistas pidieron hoy un debate parlamentario sobre la decisión del Gobierno uruguayo de avalar la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Caducidad, normativa que ha impedido enjuiciar a quienes cometieron violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.

Montevideo, 18 feb (EFE).- Legisladores oficialistas pidieron hoy un debate parlamentario sobre la decisión del Gobierno uruguayo de avalar la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Caducidad, normativa que ha impedido enjuiciar a quienes cometieron violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.

Legisladores de la facción Vertiente Artiguista del gobernante Frente Amplio y de los partidos Socialista y Comunista (también en esa coalición) fueron los primeros que reclamaron que se reúna la Asamblea General de diputados y senadores para debatir la valoración del Ejecutivo.

El Gobierno uruguayo avaló ayer la inconstitucionalidad de los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Caducidad en su aplicación al caso concreto de una militante comunista asesinada en 1974.

"El Frente Amplio siempre defendió que la ley (de Caducidad) viola la Constitución", dijo el diputado frenteamplista Eduardo Brenta al comentar a la prensa esa decisión.

La senadora socialista Mónica Xavier pidió la reunión cuanto antes de la Asamblea General para dejar "un posicionamiento claro" ante un tema tan sensible para la ciudadanía uruguaya, opinión que compartió el dirigente comunista Eduardo Lorier.

En cambio, miembros destacados de los opositores Partido Nacional y Partido Colorado se mostraron contrarios a que el Legislativo tome en consideración un asunto que, según su opinión, atañe sólo al Poder Judicial.

El líder blanco y precandidato del Partido Nacional a las elecciones generales de octubre próximo, Jorge Larrañaga, fue tajante: el Legislativo "tiene poco que hacer" en este asunto.

Larrañaga dejó claro que su partido considera constitucional la Ley de Caducidad y acusó a la coalición en el Gobierno de sacar el tema en los últimos meses antes de los comicios del 25 de octubre, en una acción que responde "más a razones políticas que jurídicas".

La aceptación de una excepción en la aplicación de la Ley de Caducidad, que impide procesar a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura (1973-1985), puede dar luz verde al enjuiciamiento de ex militares y ex policías implicados en esos crímenes.

Si, al igual que hizo el Gobierno, el Poder Legislativo avala la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en el caso presentado por la fiscal Mirtha Guianze, entonces sería la Suprema Corte de Justicia la encargada de emitir su dictamen definitivo.

El respaldo de inconstitucionalidad se refiere al caso de la muerte en dependencias militares en 1974 de la opositora comunista Blanca Estela Sabalsagaray Curuchet y en referencia a los artículos 1, 3 y 4 de la citada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Esta normativa fue aprobada en 1986 y refrendada en una consulta popular en 1989, paso que el Partido Nacional alega para defender la constitucionalidad de la ley.

En declaraciones realizadas al diario El Observador después de conocerse la decisión del Ejecutivo, el precandidato por el Frente Amplio a las elecciones de octubre, José Mujica, dijo que si fuera elegido presidente de la República, estaría dispuesto a perdonar a los militares que revelen "la verdad".

"A mí me interesa que aparezca la verdad, y cambio la verdad por la conmutación", añadió el senador frenteamplista y ex dirigente tupamaro.

Esta posibilidad, sin embargo, fue rechazada hoy por familiares de represaliados en tiempos de la dictadura y organizaciones de derechos humanos.

Desde la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos, Luisa Cuestas dijo al diario digital Observa que las palabras de Mujica "no sorprenden", pero subrayó que su propuesta "no tiene ningún sentido" y que "todos los criminales deben pagar".