Más de 270.000 firmas reunidas para el plebiscito sobre ley de la impunidad

  • Montevideo, 9 abr (EFE).- La Coordinadora Nacional para la Nulidad de la Ley de Caducidad que dejó impunes las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura uruguaya ha reunido ya 270.000 firmas, 15.000 más de las precisas para convocar un plebiscito sobre su anulación.

Más de 270.000 firmas reunidas para el plebiscito sobre ley de la impunidad

Más de 270.000 firmas reunidas para el plebiscito sobre ley de la impunidad

Montevideo, 9 abr (EFE).- La Coordinadora Nacional para la Nulidad de la Ley de Caducidad que dejó impunes las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura uruguaya ha reunido ya 270.000 firmas, 15.000 más de las precisas para convocar un plebiscito sobre su anulación.

En declaraciones recogidas hoy por el diario La República, el responsable de esa Coordinadora, Carlos Coitiño, explicó que aún se espera conseguir otras 30.000 firmas, hasta alcanzar las 300.000 rúbricas, que permitan garantizar la celebración del plebiscito incluso si se dan impugnaciones.

"Queremos desbordar de firmas al organismo electoral", afirmó Coitiño.

El plazo para reunir las firmas concluye dentro de 15 días y es preciso que 255.000 sean validadas por la Corte Electoral para poder convocar la consulta popular, que tendría lugar el próximo 25 de octubre en coincidencia con los comicios nacionales que celebra Uruguay en esa fecha.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la principal central de trabajadores de Uruguay (PIT-CNT), organizaciones defensoras de los derechos humanos y algunos partidos políticos de izquierda, aunque no todos los que integran el Frente Amplio, la coalición de izquierdas que gobierna este país desde 2005.

La Ley de Caducidad, aprobada por el Parlamento en 1986 y refrendada en las urnas en 1989, cerró paso a la posibilidad de enjuiciar a militares y policías involucrados en violaciones de derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

Con la llegada del socialista Tabaré Vázquez la Presidencia del país, en marzo de 2005, se flexibilizó la aplicación de la Ley de Caducidad y se habilitó el enjuiciamiento de algunos antiguos represores, al excluir sus casos de la norma porque tales crímenes fueron cometidos totalmente o en parte fuera de Uruguay.

En marzo pasado, ocho ex militares y ex policías fueron condenados a entre 20 y 25 años de cárcel por la desaparición y muerte de 28 uruguayos en el denominado Plan Cóndor, de represión coordinada por los gobiernos militares del Cono Sur en la década de los años 1970 y 1980.

Según una encuesta de la consultora Cifra divulgada hace unos días, la mitad de los uruguayos está de acuerdo con que se someta a una nueva consulta popular la Ley de Caducidad y el 42 por ciento está decidido a votar a favor de su anulación.