ONG pide a Gobierno mexicano dejar de coaccionar a la Justicia en caso Cassez

  • Una ONG mexicana demandó hoy al Gobierno del presidente Felipe Calderón que "saque las manos" del caso que afecta a la francesa Florence Cassez, condenada a 60 años por secuestro, y permita que la Corte Suprema revise el caso sin presiones.

México, 13 mar.- Una ONG mexicana demandó hoy al Gobierno del presidente Felipe Calderón que "saque las manos" del caso que afecta a la francesa Florence Cassez, condenada a 60 años por secuestro, y permita que la Corte Suprema revise el caso sin presiones.

"Al Gobierno de Felipe Calderón no le importan las verdades histórica y jurídica del caso, que a las autoridades judiciales les corresponde determinar, ni acata la separación y autonomía de los poderes de la República", denunció en rueda de prensa el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), José Antonio Ortega.

La ONG, que lleva años trabajando en asuntos de seguridad pública y justicia, sostiene que la ciudadana francesa, condenada y encarcelada en México, ha sido víctima de un "linchamiento" mediático y de evidencias "fabricadas" en su contra por algunas autoridades.

Ortega agregó que el actual secretario (ministro) mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y los policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI) a su cargo "detuvieron arbitrariamente" a Cassez el 8 de diciembre de 2005 y con un proceder abusivo "han puesto en crisis al Gobierno de México y al país" insistiendo en su culpabilidad.

El 9 de diciembre de aquel año, con cámaras de televisión transmitiendo en vivo una supuesta operación policial en tiempo real, "la obligaron a participar en una farsa" para presentarla ante la opinión pública como si fuera una secuestradora de la banda de Los Zodíaco detenida en flagrancia.

El montaje fue destapado meses más tarde, el 5 de febrero de 2006, en una entrevista en vivo de García Luna y la periodista mexicana Denise Maerker, que colocó al entonces jefe de la AFI y actual ministro entre la espada y la pared.

Ortega señaló hoy que, a la vista del expediente y de las declaraciones de los testigos, Cassez fue arrestada "sin ninguna evidencia en su contra", solo con testimonios cuestionables obtenidos en declaraciones ampliadas posteriores a los hechos.

Enfatizó que siendo la encarcelada víctima de un "show mediático" admitido por la Secretaría de Seguridad Pública y por la propia Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), se violó la presunción de inocencia que debería garantizar la Constitución mexicana a todo reo.

El activista dijo estar en contra de "reponer el proceso", una posibilidad que "no busca justicia, sino perpetuar el linchamiento" de Cassez.

La semana pasada, el magistrado Arturo Zaldívar, de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), hizo público un proyecto de resolución del caso que alega que el montaje televisivo urdido por la Policía tuvo un "efecto corruptor" en todo el proceso contra Cassez.

Por ello, pide la "inmediata y absoluta libertad" para la francesa, un asunto que abordará la Primera Sala del alto tribunal mexicano el próximo 21 de marzo.

"Me parece que ahorita la Primera Sala tiene la posibilidad de resolver. Espero que no legitime la recreación, la falsedad, los circos de García Luna (...) Esta impunidad en la que ha vivido García Luna tiene que frenarla la SCJN", señaló.

Para Ortega, en los últimos días el Ejecutivo de Calderón "ha cruzado una línea más que jamás debió cruzar", la de "la intimidación al Poder Judicial", diciendo desde la PGR que "harán nuevas imputaciones" contra Cassez si el Supremo anula su proceso y queda libre.

"Tales amenazas confirman la ilegalidad y la mala fe con que en este caso han procedido las instituciones de seguridad del Gobierno federal", apuntó.

EL asunto también puede pasar al pleno del alto tribunal, como ha pedido la presidenta de la ONG Alto al Secuestro, Isabel Miranda, lo que dilataría la solución del caso en México.

Esta activista se reunió hoy con varios de los magistrados de la Corte y les conminó a que el caso sea abordado en el pleno, como sucede con los asuntos más controvertidos analizados en el máximo órgano jurisdiccional que existe en México.

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