ONG piden al Gobierno mexicano que cumpla fallos a favor de tres indígenas

México, 23 jun.- Organizaciones civiles lanzaron hoy una campaña para exigir al Gobierno mexicano que cumpla con los fallos judiciales que le ordenan pedir una disculpa e indemnizar a tres indígenas encarceladas injustamente durante tres años.

La campaña de Amnistía Internacional y del Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez exige a la Procuraduría General de la República (PGR) que cumpla sin demora con sentencias favorables a tres mujeres que ya "fueron víctimas de la injusta acción de las autoridades mexicanas".

Las indígenas otomíes Alberta Alcántara, Teresa González y Jacinta Francisco fueron encarceladas por el presunto secuestro de seis miembros de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en el central estado de Querétaro en 2006, "un delito que no cometieron".

Las sentencias, emitidas en noviembre de 2013 y en mayo de 2014 por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), "sientan un importante precedente en México en materia de reparación del daño a víctimas de violaciones a derechos humanos".

Además, suponen "un freno disuasivo al Estado" para limitar las acciones de sus representantes y respeten los derechos humanos, señalaron las ONG en un comunicado conjunto.

Su cumplimiento sin demora es fundamental para asegurar la protección de las tres víctimas y demostrar el compromiso de que no se volverán a cometer abusos de esta naturaleza, destacaron.

El tribunal ordenó a la fiscalía pagar a las tres mujeres una cantidad de dinero por el daño material y moral causado, así como emitir una disculpa pública.

Sin embargo, la PGR recurrió las sentencias emitidas en favor de Alcántara y González en noviembre pasado y podría hacer lo mismo en el caso de Jacinta Francisco, al considerar que si se mantienen estos fallos tendría que indemnizar a todas las personas que sean absueltas en un proceso penal.

La campaña busca que el fiscal Jesús Murillo se desista de los recursos interpuestos, no emita uno en el caso de Francisco y ordene el cumplimiento cabal de las sentencias, sentando así "un precedente claro de que el sistema de procuración de justicia no puede ser cómplice o participe de graves violaciones de derechos humanos".