El presidente boliviano, Evo Morales, reunió el lunes a embajadores y delegados de organismos internacionales acreditados en Bolivia para explicarles el juicio que pretende llevar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por el uso de aguas de manantiales que su vecino Chile habría canalizado artificialmente hacia su territorio.
"Se ha hecho una presentación con el cuerpo diplomático donde se les ha mostrado todos los argumentos que muestran que esta demanda no es artificial o artificiosa (sino que hay) argumentos históricos, jurídicos y, en este caso, argumentos técnicos que son absolutamente irrefutables", explicó el vicecanciller Juan Carlos Alurralde, al cabo de la reunión.
Bolivia alega que las aguas del Silala son "manantiales que se encuentran totalmente en territorio boliviano, que han formado bofedales y que estos han sido canalizados por un sistema artificial que es el que produce un flujo de aguas hacia Chile", dijo Alurralde.
Las aguas del Silala -que según el gobierno surten unos 180 litros por segundo a empresas chilenas como Chuquicamata, la mina de cobre a tajo abierto más grande del mundo, sin ninguna compensación- se han convertido en un nuevo punto de controversia luego de que La Paz anunciara que llevará a Santiago a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
Bolivia tramita desde 2013 ante la CIJ otra demanda contra Chile, para lograr una salida soberana al mar, que perdió en una guerra a fines del siglo XIX.
Chile alega que el Silala es un río internacional de cauce sucesivo, mientras que Bolivia señala que en 1908 los ferrocarrilles chilenos pidieron autorización a Bolivia para hacer canales artificiales en el manantial, permiso que ya expiró al haber desaparecido los trenes a vapor.
Actualmente la empresa colombiana EPM obtuvo el año pasado una utilidad de 74 millones de dólares por la venta de agua a unas 40 mineras de la región chilena de Calama, según una investigación del diario El Deber.
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