Paraguay pide "respeto" a Carta de la OEA y a voluntad de sus ciudadanos

Washington, 10 jul.- El representante permanente de Paraguay ante la OEA, Bernardino Hugo Saguier, pidió hoy "respeto" a la Carta Democrática del organismo y a la voluntad de los paraguayos, "que solo quieren continuar con su vida en paz y seguridad".

Los paraguayos "quieren saber si la OEA está dispuesta a demostrar que se respetan su Carta y sus instrumentos", dijo Saguier durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente en la que el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, presentó el informe de su visita al país suramericano la pasada semana.

La Organización de Estados Americanos (OEA) "está a prueba" y "no es Unasur ni Mercosur", subrayó el embajador en alusión a la suspensión de Paraguay de esos dos organismos debido a la forma en que se llevó a cabo el proceso de destitución del presidente Fernando Lugo.

Según Saguier, Paraguay fue "apartado ilegalmente" de la Unasur y el Mercosur, porque hay "un grupo de países" que están "tratando de desacreditar" al Gobierno del nuevo presidente paraguayo, Federico Franco, y "desoyendo la voluntad de la ciudadanía".

"Mi país funciona normalmente, la ciudadanía se expresa libremente, rigen las instituciones y el respeto a los derechos humanos de los paraguayos", indicó el representante ante la OEA.

Paraguay "es un país libre", agregó Saguier, quien pidió a la OEA que sea "justa" en su sesión de hoy, "no se deje manejar" y acepte las recomendaciones hechas por Insulza.

El secretario general propuso hoy enviar una nueva misión a Paraguay que observe el respeto a la democracia tras la crisis política y se opuso a la suspensión del país de la OEA, como han pedido varios Estados miembros.

La de hoy es la tercera sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA sobre la situación en Paraguay en menos de tres semanas. En las dos anteriores no hubo consenso sobre cómo encarar la crisis política en ese país.

El abanico de medidas que puede tomar la OEA va desde un estudio del proceso en el juicio político que acabó con la presidencia de Lugo y una progresiva apertura al reconocimiento del nuevo Ejecutivo de Franco hasta la posible expulsión de Paraguay del organismo, tal y como ocurrió con Honduras tras el golpe de Estado de 2009.

Esa última opción, defendida por los representantes de Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Venezuela en la sesión del pasado 26 de junio, requiere que se convoque una Asamblea General extraordinaria para que los cancilleres del continente examinen la crisis.