Lima, 28 ene.- La presidenta del consejo de ministros de Perú, Ana Jara, lanzó hoy la hipótesis de que el presunto espionaje de los servicios gubernamentales a opositores y otros miembros del Gobierno peruano sea obra de una organización criminal que intenta vincular sus acciones delictivas a los órganos estatales de inteligencia.
Jara compareció hoy en la comisión permanente del Congreso para responder a las preguntas de los congresistas en relación al supuesto seguimiento que el Gobierno peruano realizó a personajes con posturas contrarias al oficialismo, lo que volvió a rechazar "con firmeza y repudio".
Cuestionada por los periodistas locales sobre la posibilidad de renunciar a su cargo, Ana Jara expresó su intención de mantenerse al frente del Gobierno al argumentar que "renunciar supondría admitir responsabilidad" en los presuntos reglajes.
La jefa del Gobierno peruano destacó la necesidad de "una investigación exhaustiva" que permita "determinar las oscuras motivaciones de estos actos ilegales", a los que calificó como "prácticas ilícitas del pasado, que deben ser desterradas de manera definitiva del país".
"Existe la posibilidad de encontrarnos frente a una organización criminal que, en el desarrollo de sus acciones delictivas, podría estar intentando vincular al sistema de inteligencia nacional en sus prácticas ilegales", aseguró Jara.
"Esto lo determinarán las investigaciones, pero que le quede claro a la ciudadanía y al Congreso que nosotros, como Gobierno, somos los principales interesados en identificar a los responsables y exigir que sobre ellos caiga todo el peso de la ley", continuó.
Jara recordó que miembros del actual Gobierno fueron víctimas de interceptaciones telefónicas y añadió con "plena seguridad" que el Ejecutivo "jamás ha dictado una disposición que vaya en contra de la vocación democrática y el profundo respeto por el estado de Derecho y los Derechos Humanos".
"Los hechos denunciados a través de las publicaciones periodísticas no se originan en instancias del poder ejecutivo", sentenció Jara.
El caso del supuesto espionaje de los servicios gubernamentales de inteligencia de Perú a políticos opositores se conoció hace doce días, cuando la revista Correo Semanal publicó fotografías y vídeos de presuntos seguimientos a la actividad privada de los exministros apristas Jorge del Castillo y Miguel Hidalgo, y del empresario Jorge Mur.
La publicación atribuía la procedencia de los documentos a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), "que depende del presidente", y a la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dirin), que "reporta al ministro del Interior, Daniel Urresti".
Según fuentes de inteligencia citadas por la revista, se trata de un "espionaje muy extendido que tiene como propósito fundamental conocer los puntos débiles de los enemigos políticos para desprestigiarlos y silenciarlos".
En los días posteriores, el canal Frecuencia Latina reveló otro presunto caso de espionaje a la vicepresidenta del Gobierno peruano, Marisol Espinoza, que fue negado por Ollanta Humala en un mensaje televisado donde prometió desclasificar informes secretos para contrarrestar la denuncia.
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