Alarcón, que confirmó a Europa Press su presentación, ocupa el cargo en calidad de comisionado desde junio de 2015. La iniciativa para proponer candidatos puede corresponder al rector o a una quinta parte de los claustrales, según establece el artículo 185.1 de los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide: este profesor presentó el pasado día 14 de junio su candidatura con el aval de la quinta parte de los claustrales.
La designación se ha convertido en un problema en los últimos tiempos en la UPO, en tanto que el puesto está históricamente enquistado, con recurrentes problemas en la elección. De hecho, hubo tres votaciones fracasadas de Defensor antes de la llegada del catedrático de Derecho Administrativo Eduardo Gamero, que sí consiguió una cierta estabilidad, tras lo cual el propio Gamero, primero, y el catedrático de Psicología de la Comunicación Juan Daniel Ramírez Garrido --que ostentó asimismo el Comisionado durante otro año--, después, vieron frustrados sus objetivos de acceder a la Defensoría.
Alarcón ha escrito una quincena de libros de su especialidad, entre los que destacan 'La paz en el constitucionalismo comparado' (1988), 'Normas y paradojas' (1993), 'Diccionario crítico de los derechos humanos' (1999), 'Justicia electoral' (2004), 'Historia electoral de los Estados Unidos' (2006) y 'La interpretación y la aplicación del Derecho' (2011). Ha sido vicerrector de Relaciones Institucionales e Internacionales de la UPO desde diciembre de 2011 hasta mayo de 2012, director del Departamento de Derecho Público de la UPO, secretario general de la Universidad de Huelva y director del Departamento Theodor Mommsen de la Universidad de Huelva. También ha sido presidente de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política.
La Defensoría Universitaria es un órgano creado para velar por los derechos de toda la comunidad universitaria: estudiantes, personal docente e investigador, y personal de administración y servicios. A este efecto, recibe quejas y efectúa sugerencias, tramita expedientes de oficio y desempeña funciones de mediación: todas sus actuaciones se dirigen a la mejora de la calidad universitaria.
Se trata de un órgano de creación preceptiva, de acuerdo con la Disposición Adicional 14ª de la Ley Orgánica de Universidades. Los Estatutos de la Pablo de Olavide regulan su funcionamiento en los artículos 183 y siguientes.
La Defensoría Universitaria es un órgano imparcial e independiente, cuya persona titular es democráticamente elegida por el Claustro Universitario, ante el que presenta un informe anual. No está sometida a directrices ni mandato imperativo alguno, pero tampoco dispone de poderes ejecutivos: efectúa recomendaciones y sugerencias guiadas por un principio de equidad o justicia material.
La designación del titular de la Defensoría requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Claustro universitario.
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