Compromís plantea una ley para que las comarcas de la Comunitat sean oficiales

El diputado Paco García Latorre ha señalado que la distribución comarcal de la Comunitat data de 1988, pero "desde entonces no se le ha dado un carácter legal a la distribución del distintos municipios en comarcas", según ha informado la coalición en un comunicado.

Por tanto, la ley pretende dotar de carácter oficial a las comarcas en "una apuesta clara por la comarcalización del territorio valenciano". "Así damos pasos hacia una gestión más racional, económica y eficiente del País Valenciano", ha subrayado el parlamentario.

El objetivo de Compromís es que esta comarcalización se establezca de forma consensuada, por lo que la propuesta incorpora un periodo de participación de los municipios, que "podrán aportar aquello que consideran respecto a su comarcalización".

Para la coalición, la división en provincias "es un elemento desvertebrador y desnaturalizador de la identidad valenciana". "Pero, más allá de esto, es un hecho también constatable que la división provincial no es eficiente ni eficaz".

"Y el paso del tiempo no ha hecho sino corroborar y confirmar, con ejemplos en toda España, la extendida sospecha de clientelismo y corrupción que rodea las instituciones decimonónicas que son las diputaciones", ha añadido García Latorre.

Por lo tanto, "para que la Generalitat pueda prestar sus servicios de la manera más eficaz posible se hace necesario que dispongamos de una delimitación territorial que, independientemente de la división provincial, permita que todas las instancias de la Generalitat presten sus servicios y planifiquen las políticas públicas sobre la misma división territorial".

En cualquier caso, el diputado ha puntualizado que la intención de esta ley "no es la de desarrollar un régimen jurídico de funcionamiento de las comarcas como entidades territoriales dotadas de órganos administrativos y de carácter representativo y ejecutivo", al ser "una tarea que requiere un amplio consenso parlamentario, como establece el artículo 65 del Estatuto de Autonomía".

"La ley trata de elevar al rango de obligación legal para todas las instancias de la Generalitat la vigente división territorial proveniente de la propuesta de demarcaciones territoriales homologadas publicada en 1988 y que es seguida mayoritariamente, pero que no dispone de ningún reconocimiento legal".

"COHERENCIA" EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Así, con el reconocimiento legal de estas demarcaciones territoriales homologadas, se persigue, según él, "un mejor aprovechamiento de los escasos recursos disponibles e introducir racionalidad y coherencia en la planificación territorial".

"Un país serio con una administración eficaz y eficiente no es viable si cada instancia del gobierno elabora y planifica su actuación sobre una división territorial diferente", ha reivindicado el diputado de Compromís.