Ningún grupo parlamentario se ha posicionado en contra de prorrogar la moratoria. Sin embargo, varios grupos se han mostrado críticos con este decreto ley, y por tanto han decidido abstenerse, como Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Esquerra Republicana (ERC) y Compromís.
La prórroga extiende la moratoria para impedir los desahucios en casos de colectivos vulnerables hasta 2020, aumenta los supuestos para su aplicación y prevé un plan para que los deudores hipotecarios que hayan perdido su casa puedan recuperarla.
Podrán acogerse a esta moratoria --la tercera que aprueba el Ejecutivo desde 2013-- las familias con hijos menores de edad (no solamente con menores de tres años a su cargo como hasta ahora) o monoparentales con hijos a cargo (eliminando el mínimo de dos hijos que regía hasta ahora), en situación de desempleo (sin haber agotado la prestación), discapacidad, dependencia, enfermedad grave o violencia de género.
Asimismo, el decreto ley incluye un plan de medidas dirigidas a que las personas beneficiadas por la moratoria puedan recuperar su vivienda, ya que establece un plan de alquiler social cuyas cuotas serán deducibles en el futuro precio de recompra. Asimismo, se tendrá en cuenta las mejoras realizadas durante el período en el que estuvo suspendido el lanzamiento.
Para aquellas personas que hayan sido desahuciadas y que se encuentren "en el umbral de exclusión", el acuerdo contempla que puedan solicitar y obtener el alquiler de la misma por una renta anual máxima del 3% de su valor.
El alquiler social tendrá una duración anual, prorrogable a voluntad del arrendatario, hasta completar cinco años, y con la posibilidad de ampliarse de forma anual otros cinco años más, por mutuo acuerdo entre las dos partes.
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