La iniciativa ha sido presentada por el PP y enmendada por el PAR, grupos que han votado a favor, sumando 26 apoyos, frente a los 38 en contra de PSOE, Podemos, Ciudadanos y grupo mixto --CHA e IU--. El diputado 'popular', Antonio Suárez, ha explicado que el objetivo de la iniciativa era que este impuesto "no sea tan gravoso" y tender "a la eliminación total" porque es "injusto" y "sangra a las clases medias y trabajadoras".
Asimismo, ha advertido de que Aragón es la tercera Comunidad donde más se paga, por detrás de Andalucía y Extremadura, con un aumento de la recaudación del 10 por ciento en 2016, que ha estimado que será del 50 en 2017. Ha añadido que se ha creado una plataforma que ya ha recogido más de 46.000 firmas en contra del mismo porque "penaliza el ahorro y la inversión".
El diputado del PSOE, Alfredo Sancho, ha asegurado que los técnicos defienden este impuesto porque "es redistributivo" de la acumulación de la riqueza intergeneracional, y su supresión implicaría "subir otros para mantener el Estado del bienestar". Ha precisado que lo poseen los países más avanzados y España se encuentra en la media de la eurozona en su recaudación.
El parlamentario de Podemos Héctor Vicente ha considerado que la derecha pretende "barrer para casa" y "velar por los suyos, que son los que más tienen", aunque lo "vistan con la buena voluntad de la gente organizada, pero la realidad es que esta iniciativa acabaría beneficiando a una estrecha cantidad de gente con mucho recursos en su mayor parte, lo que contribuiría a la concentración de la riqueza".
VORACIDAD FISCAL
La diputada del Partido Aragonés, Elena Allué, ha criticado la "voracidad fiscal" del Gobierno de Aragón que "recauda por recaudar" porque "sigue sin resolver los problemas" ya que en esta Comunidad "se paga mil veces más que en Madrid", un impuesto que "sangra a las clases medias y trabajadoras", que sienten que "es una tomadura de pelo" por lo que ha pedido al Ejecutivo que "reflexione porque el debate está en la calle".
El parlamentario de Ciudadanos, Javier Martínez, ha opinado que este impuesto no debe suprimirse, pero si ha abogado por "establecer unos límites mínimos y máximo" para evitar las actuales "asimetrías entre Comunidades", con algunas en las que "lo han hecho desparecer" y otras, como la aragonesa, "que es donde más se está pagando", con "auténticos casos de injusticia" en los que habría que establecer "bonificaciones".
El diputado de CHA, Gregorio Briz, que ha intervenido por el grupo mixto, ha esgrimido que este es un "debate ficticio", un "argumento para dinamitar a los gobiernos de izquierda", cuando los especialistas "dicen que es un impuesto necesario", que cuando el PP ha gobernado no ha suprimido "porque es necesario para el Estado del bienestar", si bien ha considerado que "habría que poner un mínimo y un máximo".
UNIVERSIDAD
El pleno ha debatido y aprobado otra iniciativa de Podemos con el apoyo de todos los grupos, salvo del PP, que pide que el Gobierno de Aragón se dirija al de España para materializar el canal de comunicación que fue aprobado en el Congreso entre el Ministerio de Educación y la Plataforma de afectados por los préstamos universitarios para proporcionar respuestas eficaces a la situación de los afectados en la Comunidad.
Esta iniciativa se refiere a la línea de crédito aprobada por el Gobierno central en 2007, gestionada a través del ICO y dependiente del Ministerio de Educación, para los estudiantes que deseaban cursar un máster oficial, cuyas condiciones fueron endureciéndose con el paso de los años.
Así, la proposición no de ley solicita que el Gobierno de España lleve a cabo las actuaciones necesarias para que el reembolso de los préstamos correspondientes a la convocatoria de 2008 y siguientes se haga de acuerdo a las condiciones incorporadas en el sistema de préstamos renta de 2007.
Igualmente, las Cortes han exigido a las entidades financieras colaboradoras el cese de los requerimientos de pago y de las cláusulas y prácticas relativas al cobro de comisiones e intereses moratorios y a la incorporación de datos personales en ficheros de morosidad en relación con los contratos de estas convocatorias de préstamos. Asimismo, han solicitado una campaña informativa sobre las becas públicas disponibles para poder estudiar un máster oficial.
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