La diputada del PAR, Elena Allué, ha explicado que esta iniciativa surge de la demanda de regulación por parte del sector del taxi, que "mueve a miles de familias en la Comunidad, sobre todo zaragozanas", con 1.777 licencias en la capital aragonesa, 57 en Huesca, 17 en Teruel, 12 en Calatayud y una en Cuarte.
La parlamentaria ha sostenido que este sector "ha sufrido como pocos la crisis y la intromisión de nuevos agentes", en Aragón "siempre ha sido bien valorada su calidad", a pesar de lo cual no tiene una ley específica, como sí existe en otras Comunidades, sino un reglamento de 1979.
Ha añadido que el propósito de esta ley es favorecer el ejercicio de esta profesión "en condiciones de más seguridad, modernidad y mejora de la calidad a los usuarios", con la implantación de innovaciones tecnológicas, establecer las tarifas de manera fija y conforme a la subida del IPC del transporte y crear el Consejo Aragonés del Taxi como órgano de interlocución.
El diputado del PP, Javier Campoy, ha señalado que este es un "servicio público sobre el que la Administración autonómica tiene una gran responsabilidad", un "actor estratégico de la movilidad", al que "hay que proteger ante los riesgos de la llamada economía colaborativa, que colisiona con la economía tradicional y que está suponiendo gran incertidumbre para todos los que han invertido en él". Ha apostado, asimismo, por la flexibilidad en las tarifas.
CONSENSO
El diputado del PSOE, Fernando Sabés, ha considerado "buena" la tramitación de esta proposición de ley, "pero serán necesarios importantes cambios" en el documento inicial, tener en cuenta toda la normativa, lograr un "consenso entre ámbito local y autonómico", contemplar a los taxis rurales, "aclarar el ámbito de las sanciones" y poner en relación el Consejo Aragonés del Taxi con el Consejo Aragonés del Transporte.
El parlamentario de Podemos, Nacho Escartín, ha afeado al PAR que, a pesar de haber gobernado, no ha promovido hasta ahora legislación en este sentido y presenta un texto "exacto" al que hizo llegar la asociación provincial del taxi a los grupos de las Cortes, para sostener que su grupo siempre apoyará "todo lo que sea mejorar la regulación de este sector" para "facilitar una actividad acorde a los tiempos", puesto que "la movilidad es un derecho fundamental".
El diputado de Ciudadanos, Jesús Sansó, ha considerado que la tramitación de esta ley no solo es una oportunidad de "actualizar" la situación del sector, sino que de ir más allá e "incluir cuestiones novedosas", como los nuevos servicios de movilidad basados en las tecnologías digitales y los nuevos modelos de comercialización y negocio", tener en cuenta "a las personas mayores y discapacitadas y no olvidar a los taxis comarcales", entre otras cuestiones.
El diputado de CHA, Gregorio Briz, que ha intervenido por el grupo mixto, ha esgrimido que legislar en este ámbito "tiene algunas complejidades" ya que en la prestación del servicio "confluyen los ámbitos competenciales autonómico y municipal", afecta a normativa sectorial del transporte escolar y sanitario, y están en elaboración los proyectos de decreto del Consejo Aragonés del Transporte y de regulación de itinerarios y paradas discrecionales, así como la ley de transportes urbanos y metropolitanos.
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