Así se lo ha comunicado la institución europea a las autoridades francesas, tras actualizar sus datos y revisar la información obtenida por la investigación de la agencia europea antifraude (OLAF), según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.
La Eurocámara es parte civil en la causa de la presunta creación de falsos puestos de asistentes para la veintena de eurodiputados con que cuenta el partido de extrema derecha de Le Pen.
La líder del FN y candidata en las elecciones presidenciales de Francia ya sufre desde el pasado mes de febrero el embargo de una parte de su asignación mensual como eurodiputada. Una sanción que se mantendrá hasta recuperar los 340.000 euros que la Eurocámara le reclama por la contratación irregular de dos asistentes, uno de ellos su guardaespaldas.
Además, la Eurocámara inició esta semana formalmente el proceso para decidir si atiende a la petición de la Justicia francesa y retira la inmunidad que, como eurodiputada, protege a Le Pen frente a las investigaciones por malversación de fondos públicos.
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