Stop Impuesto Sucesiones presenta más de 31.600 firmas al Defensor del Pueblo Andaluz para suprimir este tributo

  • El presidente de la Asociación Stop Impuesto Sucesiones, Juan Carlos Valverde, ha presentado este martes en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz una petición de amparo, avalada con más de 31.600 firmas, ante "los constantes abusos" que ejerce la Junta de Andalucía por el cobro "presuntamente irregular" del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía.
EUROPA PRESS

El presidente de la Asociación Stop Impuesto Sucesiones, Juan

Carlos Valverde, ha presentado este martes en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz una petición de amparo, avalada con más de 31.600 firmas, ante "los constantes abusos" que ejerce la Junta de Andalucía por el cobro "presuntamente irregular" del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía.

En una nota, la asociación ha señalado que el escrito al Defensor del Pueblo recoge "el malestar de los andaluces y eleva la posibilidad de declarar este injusto tributo como anticonstitucional". Además, esta asociación ha convocado una concentración cívica delante de la sede de la Presidencia de la Junta, donde se ha leído un manifiesto y se han presentado propuestas dirigidas a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a los partidos políticos con representación parlamentaria.

La Asociación Stop Impuesto Sucesiones nace hace tres meses en Andalucía con "el único objetivo de conseguir la supresión del

injusto impuesto de sucesiones y donaciones en nuestra comunidad

autónoma".

"En poco más de dos meses, y gracias a la colaboración de

miles de afectados y simpatizantes, ha logrado reunir más de 31.600

firmas que avalan la queja presentada al Defensor del Pueblo Andaluz

para que la Junta de Andalucía elimine dicho tributo", ha subrayado.

Según ha detallado, en la actualidad, las "desigualdades" por el cobro del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cedido por el Gobierno Central a las autonomías, se han acentuado de tal forma que "en Andalucía se paga por heredar de los padres cien veces más que en la Comunidad Autónoma de Madrid o mil veces más que en Canarias".

La asociación ha advertido de que esta diferencia fiscal entre territorios infringe el principio constitucional de igualdad, entendido como un derecho fundamental de todos los españoles. Asimismo, genera una "enorme agravio" comparativo a los ciudadanos que residen y trabajan en Andalucía. Además, provoca graves situaciones de riesgo, tanto económicas como psicológicas, de los afectados.

En su queja, la plataforma de afectados pone a disposición de la

Oficina del Defensor "cientos de casos concretos sobre situaciones

injustas padecidas por los afectados". Desde tasaciones a la alza del

valor de las viviendas, embargos de nóminas o pensiones, rechazo de

peticiones de fraccionamiento en el pago, denegación de becas de

estudio para los huérfanos por exceso de patrimonio o peticiones de

auxilio ante la administración.

Los integrantes de Stop Impuesto Sucesiones entienden que tal

desigualdad "viola el principio básico y fundamental de la Constitución

Española", que en su artículo 14 establece que "todos los españoles son

iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra

condición o circunstancia personal o social".

Por otro lado, el escrito elevado al Defensor del Pueblo recalca

como derecho fundamental de los ciudadanos el artículo 9.3 de la Norma Fundamental garantiza el principio seguridad jurídica, el artículo 19 de la Constitución señala que "los españoles tienen el derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional".

También destaca el artículo 31 que establece, respecto al sistema tributario, que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos

públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema

tributario, justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio"; el 33.1 que subraya que "se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia"; el artículo 35 que establece el derecho al trabajo y

a la "libre elección de profesión y oficio", y en el artículo 39 que garantiza y asegura la "protección social, económica y jurídica de la familia".

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