EL PP GASTÓ 2,5 MILLONES MÁS DE LO DECLARADO AL TRIBUNAL DE CUENTAS EN LAS ELECCIONES DE 2007

- Según un informe de la Guardia Civil. La Guardia Civil sostiene en un informe contenido en el sumario de la `trama Púnica´ que el Partido Popular gasto 2,5 millones de euros más del límite permitido por la ley en las elecciones autonómicas y municipales de 2007. Esa información estaba contenida en el `pendrive´ incautado al extesorero del PP madrileño Beltrán Gutierrez, al que se considera uno de los principales artífices del supuesto sistema de financiación ilegal.
Según los investigadores, el dinero provendría de aportaciones que empresarios y empresas hacían a Fundescam. El juez Eloy Velasco investiga las evidencias aportadas por la Guardia Civil, que entiende que hubo una “superación sistemática” del gasto electoral por parte del PP en las citas electorales de 2007 y 2011, una circunstancia que atenta directamente contra el pluralismo político.
Esperanza Aguirre fue la candidata del Partido Popular en esas dos elecciones autonómicas y su partido no incluyó esos 2,5 millones de euros en la declaración de gastos electorales que remitió al Tribunal de Cuentas para su control. La mayor parte de los pagos se realizaron en metálico a través de Fundescam, una fundación que se nutría de subvenciones de la Comunidad de Madrid.
Los informes que maneja el juez revelan que con este sistema se costearon mítines electorales y actos de partido del PP. La mayor parte de los datos que avalan este `modus operandi´ provienen del registro del despacho de Beltrán Gutiérrez, que figura como uno de los principales responsables del presunto sistema de financiación ilegal.
El sumario indica que la Guardia Civil ha podido acreditar que "importantes gastos electorales" de las campañas de 2007 y 2008 e "indiciariamente" de las de 2011 se pagaron mediante "subvenciones públicas" de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación Fundescam.
El juez mantiene que los máximos responsables de ese mecanismo de financiación eran el exconsejero de Presidencia y ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, en prisión por estos hechos; el extesorero del partido Beltrán Gutiérrez, y el exconsejero de Transportes Ignacio Echevarría, todos ellos patronos de Fundescam, al igual que Cifuentes.
El informe indica que “determinados empresarios y organismos empresariales ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales” en la cuenta de Fundescam.
CIFUENTES
La Guardia Civil cree, además, que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, podría estar implicada en la supuesta financiación irregular del PP por la adjudicación del contrato de los servicios de cafetería de la Asamblea de Madrid mientras era miembro de la Mesa de Contratación de la entidad que habría hecho “valoraciones arbitrarias” que favorecieron a la empresa Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández.
En concreto, la presidenta podría ser investigada por delitos de prevaricación y cohecho, por su papel como miembro del patronato de Fundescam y por ser la máxima responsable de varias campañas del PP de Madrid durante el período que investiga la `trama Púnica´.
El informe de la Guardia Civil, remitido el pasado mes de marzo al juez Eloy Velasco y contenido en el sumario del que hoy se ha levantado el secreto, maneja “elementos probatorios” que podrían apuntar a la comisión de “delitos de prevaricación continuada y cohecho".
El citado informe relata que Cifuentes “vulneró” el principio de “imparcialidad” al presidir la Mesa de Contratación de la Asamblea y formar parte del patronato de Fundescam, la fundación que recibió 160.000 euros de Arturo Fernández, que se gastaron en la campaña electoral del PP de las autonómicas de 2007. Cifuentes era miembro del comité de campaña del PP regional en esa cita electoral.
Los investigadores detallan que no pudo avalar experiencia en el tipo de servicios que salían a concurso, pese a lo cual “no fue penalizada”, por lo que deducen que “hubo arbitrariedad” a la hora de elegir esta empresa como adjudicataria. Sostienen, además, que el hecho de que Cifuentes “compatibilizara” su participación en el comité de valoración de las ofertas en la mesa de contratación es una situación “completamente irregular y anómala, y únicamente puede corresponderse con Ia intencionalidad de tener controladas las licitaciones en todo momento, es decir, ejercer un control en la valoración directa de las ofertas de las empresas y asegurarse que esas valoraciones eran finalmente aprobadas”. Por el momento, Cifuentes no está siendo investigada.