La Agencia Nacional de Inteligencia de Gambia (NIA) detuvo el 8 de noviembre al director general de la radiotelevisión estatal, Momodou Sabally, y a su colega Bakary Fatty.
Activistas locales han indicado que Sabally fue detenido después de que el medio emitiera la grabación sobre la nominación de un candidato opositor en una franja en la que estaba programado que cubriera un acto de la primera dama, Zineb Jamé. Ese mismo día fue detenido Fatty.
El organismo internacional ha resaltado que, por el momento, las autoridades no han presentado cargos contra los periodistas detenidos.
La NIA detuvo el 10 de noviembre a Alhagie Manka, un fotoperiodista independiente, si bien fue liberado seis días después sin que se presentaran cargos contra él.
El portavoz de la OACDH, Rupert Colville, ha resaltado que la detención en aislamiento sin presentar cargos supone una violación de la Constitución del país, así como las obligaciones de Gambia con los Derechos Humanos.
"En la previa a las elecciones presidenciales, es especialmente crucial que los derechos a la libertad de expresión, asamblea y asociación sean totalmente respetados", ha agregado.
Por último, Colville ha manifestado que la detención de periodistas "podría intimidar a los medios en general, lo que es particularmente dañino en un contexto electoral".
La Comisión Electoral de Gambia ha establecido el 1 de diciembre como fecha de las elecciones, en las que el mandatario, Yahya Jamé, intentará revalidar nuevamente su mandato.
Los miembros de los principales partidos de la oposición en Gambia anunciaron a finales de octubre que apoyarán al empresario y candidato presidencial Adama Barrow de cara a las elecciones.
Barrow, de 51 años, se convirtió en el líder del Partido Demócrata Unido (UDP, por sus siglas en inglés), la mayor formación opositora del país, tras suceder a Ousainou Darboe, que fue condenado en julio a tres años de prisión por haber convocado una serie de mítines a favor de llevar a cabo una reforma electoral.
Varios grupos de defensa de los Derechos Humanos han acusado al mandatario --quien lleva en el poder desde 1994-- de reprimir de forma sistemática a los disidentes en el país y de lastrar así la relación entre la comunidad internacional y el Gobierno de Gambia.
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