La Fiscalía de Colombia llama a declarar a los gestores de las campañas de Zuluaga y Santos por Odebrecht

El Ministerio Público ha anunciado que ha citado a interrogatorio a Santiago Rojas, Roberto Prieto y David Zuluaga en el marco de esta investigación.

El fiscal general, Nestor Humberto Martínez, ya reveló recientemente que había indicios de que la campaña para la reelección de Santos recibió un millón de dólares en concepto de financiación de Odebrecht. Además, habría ingreso otros 65.000 euros) al exsenador Nicolás Otto Bula, detenido por recibir más de cuatro millones de euros para que el gigante brasileño construyera el tramo 2 de la llamada Ruta del Sol.

El jefe del Ministerio Público aclaró que no había ninguna prueba documental de esta supuesta financiación, si bien según Otto Bula, él mismo entregó el millón de dólares al gerente de la campaña electoral, Roberto Prieto, a través de una tercera persona.

Prieto, por su parte, calificó entonces de "infundadas, tendenciosas y calumniosas" estas acusaciones y ha asegurado que "nunca" ha compartido ni un café con Bula. El jefe de campaña subrayó además, en un comunicado, que se negó a recibir donaciones y que el esfuerzo electoral se financió solamente con los fondos de reposición que establece la ley.

Por su parte, Rojas, actual titular de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tendrá que explicar las circunstancias de un pago de 400.000 dólares realizado por Odebrecht a una empresa para el suministro de material para la campaña de Santos en 2010.

Por último, Zuluaga responderá acerca de si la constructora brasileña asumió un pago de 1,6 millones de dólares al publicista 'Duda' Mendonça que, según la Fiscalía, corresponde "a un cobro adicional a la suma que inicialmente habría sido convenida por servicios prestados a la campaña 'Mano firme, corazón grande' del candidato".

Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, llegaron el pasado diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el cual admiten el pago de sobornos a funcionarios de 12 países para conseguir contratos públicos. Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.