Derrotado el proyecto de Sarkozy para castigar las descargas ilegales en Internet

La oposición se felicita del "naufragio legislativo" del controvertido texto que preveía cortar el acceso a la red

PARIS, 9 (EUROPA PRESS)

La Asamblea nacional francesa derrotó hoy contra todo pronóstico el proyecto de ley impulsado por el presidente Nicolas Sarkozy para castigar las descargas ilegales en Internet y luchar contra la piratería en la Red.

La oposición se felicitó de lo que algunos definieron como un "naufragio legislativo" que desautoriza al propio Sarkozy, mientras el Gobierno se apresuró a anunciar que el texto 'Creación e Internet' volverá al Parlamento el 28 de abril, tras las vacaciones de Pascua.

La normativa en cuestión preveía un doble castigo para los 'piratas' de la Red: una desconexión de internet de entre dos meses y un año y el pago del abono durante el tiempo en que se vieran privados de acceso, una medida ratificada ayer mismo por la comisión mixta paritaria (CMP) encargada de finalizar la redacción del texto antes de su voto en las dos Cámaras.

La ley pasó su primer trámite esta mañana en el Senado pero encalló por la ausencia de varios diputados de la mayoría parlamentaria en la Asamblea nacional, que terminó rechazando el texto por 21 votos en contra y 15 a favor. La última vez que la Cámara baja tumbó un proyecto legislativo que había pasado por la comisión mixta fue en 1983, según 'Le Monde'.

La sorpresa se explica, aparte de por la escasa presencia de diputados, porque, aunque parte de la UMP emitió su opinión favorable, dos se ausentaron en el momento del voto, un gesto que se interpreta como un duro golpe para Sarkozy.

El voto de hoy se consideraba una mera formalidad después de varios meses de encendidos debates que han convertido el trámite parlamentario en un auténtico 'via crucis' para la ministra de Cultura, Christine Albanel, que reaccionaba al traspiés denunciando un "cínico cálculo político".

En esencia, el controvertido proyecto preveía crear una Alta Autoridad para la difusión de obras y protección de los derechos en Internet (Hadopi, según sus siglas en francés) que sería la encargada de aplicar una "respuesta gradual" a los internautas que realicen descargas ilegales.

El infractor recibirá primero un correo electrónico, luego un segundo correo acompañado de una carta certificada y, en caso de reincidir, una comisión integrada por tres jueces podrá ordenar que se le corte su acceso a internet durante un periodo de entre dos y doce meses.

El 'pirata' tendrá la posibilidad de negociar que la suspensión se limite a entre uno y tres meses, pero para que no esquive la sanción simplemente cambiando de compañía se creará una 'lista negra' de abonados que hayan sido dados de baja por 'piratear'.

ABANDONAR EL TEXTO

El Partido Socialista pide ahora lisa y llanamente que se abandone el proyecto y considera lo ocurrido como una derrota política personal de Sarkozy, que fue quien protagonizó la firma de los acuerdos para luchar contra la piratería en noviembre de 2007 en el Elíseo dando así el pistoletazo de salida al texto legislativo.

Los comunistas ven en el episodio parlamentario una doble desautorización al Gobierno: sobre el método y sobre el fondo de una ley que, a su juicio, atenta contra las libertades públicas y no responde a las necesidades de los creadores. El diputado de Nuevo Centro Jean Dionis du Séjour ilustró lo que ha pasado en la Asamblea con la siguiente frase: "El Titanic se ha hundido".

Y para los adversarios declarados del texto, se trata de un triunfo. "Es una formidable victoria para los ciudadanos. Este voto les demuestra que todavía es posible que se les escuche. Es un magnífico ejemplo del uso de la Red para oponerse a quienes intentan controlarla", destacó Jérémy Zimmerman, animador de 'La cuadratura de la red'.

A su modo de ver, las libertades individuales no han sido finalmente sacrificadas para intentar "preservar los intereses corporativos de algunas industrias obsoletas". En el campo de los profesionales de la industria del disco, domina la consternación, aluden a un rechazo "incomprensible" y esperan de los poderes públicos "gestos claros" para poner fin a la pérdida de ingresos de los autores desde hace años.