El PSOE pide una "lista negra" para quienes no ayuden al Tribunal de Cuentas

  • Madrid, 25 may (EFE).- El grupo socialista quiere incluir en una especie de "lista negra" a las personas físicas o jurídicas que hayan mantenido relación mercantil con los partidos políticos y que no faciliten la información que les requiera el Tribunal de Cuentas, de manera que no puedan contratar con las Administraciones Públicas.

El PSOE pide una "lista negra" para quienes no ayuden al Tribunal de Cuentas

El PSOE pide una "lista negra" para quienes no ayuden al Tribunal de Cuentas

Madrid, 25 may (EFE).- El grupo socialista quiere incluir en una especie de "lista negra" a las personas físicas o jurídicas que hayan mantenido relación mercantil con los partidos políticos y que no faciliten la información que les requiera el Tribunal de Cuentas, de manera que no puedan contratar con las Administraciones Públicas.

Esta idea figura en las propuestas de resolución que la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas debate mañana en el Congreso, a partir del informe de fiscalización elaborado por este organismo sobre la contabilidad de las últimas elecciones locales de 2007.

Más de la mitad de las formaciones políticas que concurrieron a esos comicios (890 de las 1.656 que se presentaron) no presentaron su contabilidad al órgano fiscalizador de los procesos electorales, según consta en el informe que mañana será sometido a debate.

Los socialistas apuestan por establecer un "adecuado régimen sancionador que por su cuantía penalice y disuada la utilización de actuaciones fraudulentas en los procesos electorales locales", y citan expresamente cinco medidas al respecto.

Proponen así inhabilitar para contratar con las Administraciones Públicas y sus organismos autónomos "a aquellas personas físicas o jurídicas que habiéndoles requerido el Tribunal de Cuentas la información relativa a las operaciones mercantiles vinculadas al proceso electoral con las diferentes formaciones políticas, no la hayan proporcionado, una vez superado el plazo".

También reclaman un régimen sancionador para quienes faciliten información fraudulenta.

Otras medidas citadas por el PSOE son "castigar" con la reducción de las subvenciones que reciben los partidos por gastos electorales o el establecimiento de penalizaciones cuando se detecten irregularidades en las aportaciones o recursos recibidos, bien por superar el límite establecido o por estar fuera de la ley.

Exigen además que se proporcionen documentos de todas las operaciones ordinarias superiores a los 100 euros "al objeto de garantizar la transparencia del proceso electoral en las diferentes circunscripciones", incluso para los gastos de menor cuantía.

También en aras de la misma transparencia y para evitar "opacidad", el grupo socialista quiere regular el procedimiento administrativo de manera que permita "monitorizar" todas las actividades de naturaleza electoral de los partidos.

De su lado, el grupo parlamentario de CiU pide en sus propuestas de resolución que se cambien los requisitos para que el Tribunal de Cuentas pueda acceder a las cuentas de los partidos más pequeños, es decir, con baja "implantación territorial".

Aboga del mismo modo por reformar la ley para incorporar a la normativa los nuevos mecanismos y soportes de las tecnologías de la información y regular las "consecuencias jurídicas" que para los partidos tiene no rendir cuentas de su participación electoral.

La Comisión Mixta también discutirá mañana otras propuestas de ambos grupos derivadas del informe de fiscalización de los partidos políticos referido al año 2005.

En este caso, el PSOE plantea instar al Gobierno a regular las asignaciones económicas de todos los grupos municipales.

Además, insta a desarrollar una ley sobre las subvenciones a los partidos políticos para gastos de seguridad, de manera que se mejoren sus aspectos contables.

CiU, a este mismo informe, ha presentado una propuesta de resolución para desarrollar una norma con criterios concretos y específicos para las subvenciones por seguridad.

Reclama además impulsar un procedimiento de justificación para controlar las asignaciones a los grupos políticos respetando las competencias atribuidas a cada una de las administraciones, así como establecer mecanismos que les permitan dar la información necesaria para su correcta fiscalización.