En Comú plantea una reforma legal para poder desclasificar documentos históricos de más de 25 años

En su iniciativa, los diputados de En Comú Josep Vendrell y Félix Alonso subrayan que la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en 1968, en plena dictadura franquista, muestra una "anomalía" con respecto a la legislación sobre esta materia de la mayoría de países de nuestro entorno al no establecer un límite temporal para que los documentos históricos sean públicos.

Así, los parlamentarios catalanes recalcan que mientras en los otros países se establecen 25, 30 o 40 años para su desclasificación, en la Ley de 1968 "no hay absolutamente ningún límite".

MORATINOS DECLARÓ SECRETA TODA LA POLÍTICA EXTERIOR

Según recuerdan, España adoptó en 1984 un acuerdo para abrir todos los archivos y la biblioteca, "que la situó a la vanguardia de la transparencia y de la información en documentos históricos", si bien denuncian que en octubre de 2010, "sorprendentemente", el entonces ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, el socialista Miguel Ángel Moratinos, declaró secretos los catorce temas que constituyen toda la política exterior.

Una decisión a la que se han sumado otras que, "lejos de solucionar el problema, lo han empeorado", entre las que citan la ruptura de la unidad del archivo enviando los materiales históricos anteriores a 1931 al Archivo Histórico Nacional y los posteriores al Archivo General de la Administración, lo que ha supuesto que a día de hoy sólo se pueda acceder al primero y no al segundo.

Y CUMPLIR ASÍ CON EL COMPROMISO DE MARGALLO

Por todo ello, En Comú emplaza al Ejecutivo a impulsar un nuevo acuerdo en el seno del Consejo de Ministros que sustituya el de octubre de 2010 para permitir un acceso "más sencillo y libre" a la documentación histórica en poder de la Administración General del Estado, cumpliendo así con el compromiso adquirido por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en 2013.

Pero los diputados catalanes también le sugieren modificar la Ley de Secretos Oficiales para establecer un límite temporal de entre 25 y 30 años, en función del contenido, para que, a partir de esa plazo, los documentos históricos queden desclasificados.